Moradores claman por controles y retorno de policías a las UPC

Un escalofriante video captó el momento en que una joven fue víctima de un intento de robo en el barrio San José de Monjas, en el suroriente de Quito.

Las imágenes muestran a la chica que camina junto a un joven por una calle oscura, cuando de repente, un vehículo los intercepta y varios sospechosos encapuchados los persiguen. La mujer corre desesperada y busca refugio, mientras uno de los delincuentes la amenaza con un arma de fuego. Finalmente, tras un forcejeo, los encapuchados huyen robándole sus pertenencias.

Este aterrador suceso no es un caso aislado. Los moradores de San José de Monjas viven atemorizados por el aumento de la delincuencia. Laura Chacón, una residente, denuncia que la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector permanece cerrada desde hace años, lo que ha contribuido al clima de inseguridad. Este lugar está desolado, desde una pequeña ventana se visualiza un escritorio de metal, pocas sillas, un archivador con documentos y en la cocina aún permanecen algunos platos. Mientras que los exteriores de la UPC son utilizados como estacionamientos de vehículos.

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“La delincuencia se ha incrementado en la zona”, afirma Chacón. “En las canchas, a pocos pasos de la UPC, hay gente que consume bebidas alcohólicas, además de otras sustancias y utilizan las paredes como baños. Es bastante peligroso porque no se puede caminar a ninguna hora”.

La caseta de baños públicos, víctima del vandalismo, exhibe sus vidrios rotos y emana un nauseabundo olor a orine.

Un ambiente que refleja el abandono y la inseguridad que reina en este sector. Los vecinos, atemorizados, prefieren refugiarse en sus hogares. Observan desde sus ventanas cómo la delincuencia se apodera de sus calles.

María, con el rostro oculto para proteger su identidad, relata cómo el estado de excepción se convirtió en una “arma de doble filo”. “Desde que se dio el estado de excepción, los policías abandonaron las UPC”, explica la mujer. “Se fueron porque también corrían peligro con los atentados, pero eso solo ha empeorado las cosas. Los robos se han incrementado y ahora no tenemos a dónde acudir”.

El coronel Mauricio León, jefe del distrito Manuela Sáenz, argumenta que el cierre de las UPC se debe al estado de excepción y al plan Fénix del Gobierno. Según León, concentrar a los policías en los distritos ha permitido una reducción del 44% de los delitos, incluyendo una baja de 40 homicidios. Quienes formaban parte de las UPC se han reagrupado en los distritos, desde ahí salen en conjunto a los diferentes sectores de patrullaje. “Después de que termine el estado de excepción hay que realizar una evaluación de las organizaciones terroristas para que se pueda ir retomando la normalidad o acoplarnos a otras estrategias”, señaló el oficial.

Sin embargo, el terror no se limita a San José de Monjas. El barrio El Blanqueado también ha sido víctima de la violencia. La noche del 10 de enero de 2024, un ataque terrorista contra la Unidad del sector sembró el pánico entre los residentes. La UPC aún no ha sido reparada, está cubierta con un plástico negro y cercada con cintas amarillas que advierten del peligro que existe en el lugar.

En ese barrio del sur de Quito, la UPC se alza como un monumento al olvido. Los daños causados por un ataque terrorista en enero aún no han sido reparados, y la oscuridad de la noche la convierte en un refugio perfecto para los criminales.

Manuel Morales, un vecino del sector, expresa la frustración de la comunidad: “Hubo el ofrecimiento por parte de las autoridades de reparar la UPC, pero hasta el momento este lugar luce abandonado. Es necesario su rehabilitación, ya que en la noche tenemos miedo de que los delincuentes se escondan entre la oscuridad y se dediquen a delinquir”.

En el sector de La Tola Baja, centro de la ciudad, también se repite la escena, no hay policías y los vecinos comparten la angustia sembrada por la delincuencia. Esta UPC fue entregada como parte del proyecto del Municipio capitalino. Sin embargo se realizó una pausa en la rehabilitación de las unidades mientras dure el estado de excepción en el país.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, asegura que hasta el 31 de diciembre de 2023 se entregaron 54 de las 108 UPC de Quito. La inversión total en las remodelaciones y equipamientos hasta el momento asciende a 647.000 dólares, con un presupuesto total previsto de un millón de dólares.

Las autoridades esperan que se dé el cambio de semaforización, una vez finalizado el estado de excepción, y permita el regreso de los policías a las UPC. Sin embargo, la comunidad no se siente segura con esta estrategia.

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