Moradores que viven cerca de hospitales se sienten vulnerables
La balacera afuera de una casa de salud causa incertidumbre entre los vecinos. Piden que haya más custodia policial
“Once días han pasado, once días de la balacera”. Patricio Rodríguez recuerda con exactitud el día que se produjo un ataque armado en la puerta de emergencia del hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte.
Su tienda de abastos está ubicada en el pasaje B y Ángel Ludeña, frente a la casa de salud en donde el pasado 10 de junio hombres abrieron fuego mientras un vehículo del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladaba a tres reos. Uno de ellos logró escapar.
Producto del enfrentamiento una guía penitenciaria y una funcionaria del SNAI resultaron heridas.
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El hecho ocurrió aproximadamente a las 07:30. Pese a todo, “es una desgracia con felicidad”, dice Rodríguez. Menciona que a esa hora la zona es bastante concurrida. Hay decenas de negocios, familiares que visitan a los pacientes, e incluso en la avenida principal, en la Ángel Ludeña, a pocos metros donde sucedió el ataque, está una unidad educativa.
Rodríguez abre su local a las 08:00. Aquel día se encontró con un panorama que lo consternó. En los 35 años que tiene su negocio ahí, asegura que nunca sucedió algo así. Aunque menciona que es común que al hospital de salud lleguen ambulancias con privados de libertad.
En el chat del barrio, los vecinos expresaron su preocupación. Muchos escucharon los disparos y se acercaron a las ventanas a mirar qué ocurría. “Como está la situación en el país y ya ha se han dado casos, sabíamos que algún día iba a ocurrir algo así”, dice resignado Rodríguez.
La hija de 3 años de Daniela Benalcázar estudia en la unidad educativa cercana al hospital. El día de la balacera, su esposo y su mamá, como es costumbre, la fueron a dejar. Para ellos fue extraño que el ingreso se lo haga por una calle de atrás y no por la Ángel Ludeña.
Inicialmente pensaron que estaban haciendo un arreglo en la vía. Antes de las 08:00 dejaron a la pequeña en la institución. Desconocían lo que había sucedido.
Por las noticias, Daniela se enteró del violento suceso y de inmediato llamó a la profesora de su hija. Le dijo que por seguridad todos los estudiantes del colegio y escuela se iban a quedar en sus respectivas aulas. Ese día no salieron a recreo.
La madre recuerda que al mediodía la unidad educativa emitió un comunicado. “Si bien todo había pasado, creo que demoraron mucho y no estaban preparados para algo así. Te quedas con esa sensación de impotencia de que no pudiste proteger a tu hijo”, afirma.
Rodríguez y Benalcázar coinciden en que debe haber más custodia policial cuando trasladan reos al hospital. “No llevaban a cualquier preso, eran de una banda delictiva y solo estaba una ambulancia”, sostiene Daniela.
Benalcázar considera que en un contexto de violencia por el que atraviesa el país, las instituciones educativas también deben tener protocolos para saber cómo actuar, más si están cerca a casas de salud de tercer nivel.
En el sector del hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito, si bien no se han registrado hechos como el de Pablo Arturo Suárez, los moradores están atentos y sienten temor. Mabelyn tiene un pequeño puesto en la entrada. Comenta que lo que ha visto es que ahí en su mayoría atienden a mujeres privadas de libertad que llegan con resguardo policial.
La madre de Mabelyn ha trabajado en la zona desde hace más de 40 años. Tampoco recuerda un suceso así, pero, dice, no se puede dar nada por hecho. “Nos da miedo porque si pasa algo similar podrían resultar heridas muchas personas”.
Código Plata en hospitales
A finales de 2022, el Ministerio de Salud de Ecuador implementó el denominado Código Plata. Se trata de una estrategia de atención, prevención y reducción de vulnerabilidades de incidentes de violencia que puedan amenazar tanto al sistema de salud como a centros públicos o privados de salud.
En 2023 se registraron 1.868 procedimientos de Código, principalmente en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos. En 2024, solo en los 15 primeros días de enero se activaron 90 procesos en las mismas provincias. En casos urgentes, el personal de salud puede activar el Código cuando llega una persona herida con arma.
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