Multas de hasta $ 34.500 por quemas agrícolas o clandestinas en Quito

Quito se encuentra en un punto de inflexión entre el final de la temporada de lluvias y el inicio de la época seca. Si bien este cambio trae consigo el anhelado sol quiteño, también despierta una problemática ambiental preocupante: las quemas agrícolas.

Estas técnicas son utilizadas por los agricultores para limpiar sus terrenos y prepararlos para la siembra. Consiste en que la vegetación caída, o “corte”, se deja secar, generalmente justo antes de la época más lluviosa del año. Una vez recolectado los residuos se realiza la quema, lo que da como resultado una capa de ceniza que para los agricultores es rica en nutrientes y hace que el suelo sea fértil.

Esta práctica ha generado serios problemas en sectores como el Valle de Los Chillos, Tumbaco, el cerro Auqui y otras parroquias rurales de Quito. Las quemas, muchas veces realizadas sin control adecuado, provocaron incendios forestales que han ocasionado daños materiales y puesto en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.

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El capitán Mauro Pichucho, comandante de la Estación Forestal en Checa, dice que antes de que se apruebe la ordenanza para controlar esta práctica se hacían quemas clandestinas, sin ningún tipo de control. “Ahora los vecinos deberán informar que van a realizar estas quemas para que exista un acompañamiento técnico”.

El oficial señala que el último incendio que se dio en el Antisana se evidenció que fue ocasionado por la quema de desechos, su preocupación se da porque en muchos de los incidentes no se identifica a los infractores.

La concejala Diana Cruz, presidenta de la Comisión de Ambiente del Municipio, impulsó la aprobación de esa ordenanza para la gestión de incendios forestales en la capital, a través del manejo integral del fuego.

Esta normativa, que fue aprobada el pasado 28 de mayo, representa un marco regulatorio integral y busca trabajar de manera articulada en la prevención, respuesta rápida y restauración cuando los ecosistemas se vean afectados por el fuego.

Entre el 60% y el 70% de los incendios forestales en Quito se originan por quemas agrícolas, mientras que un 25% se debe a la quema de desechos.

La ordenanza establece procesos específicos para el manejo del fuego en estos casos, con sanciones que van desde un salario básico hasta 75 salarios, en casos muy graves.

Lo que se pretende con la ordenanza, según la edil, es dar un acompañamiento y asistencia técnica a los agricultores para que puedan realizar quemas controladas. “Si alguien en la zona rural quiere quemar su pequeña chacra o terreno de cultivo de maíz para cambiar de cultivo, le brindaremos acompañamiento técnico para que lo haga de manera responsable”.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, informa que desde el 2021 se han visto afectadas 2.046 hectáreas por incendios forestales. Entre el 2022 y el 2023, se observa un aumento del 141%, tanto en el número de eventos como en las áreas afectadas, lo que representa un incremento del 400% en comparación con el período 2021-2022.

Para el funcionario, esta medida no es una solución a corto plazo, sino que se enmarca dentro de una estrategia metropolitana integral para la gestión del fuego. Busca elevar a política pública la creación de guías forestales comunitarias, lo que permitirá reforzar el trabajo y monitoreo en las zonas de riesgo.

La estrategia se está desarrollando en tres niveles: zonas urbanas (para prevenir incendios en áreas verdes y parques de la ciudad), zonas rurales (en comunidades agrícolas para promover prácticas agrícolas sostenibles y seguras) y las zonas de interfaz (se dará especial atención a estas áreas donde la vegetación colinda con zonas pobladas, como el puente de El Chiche y la vía a Tababela).

En un año se espera que estén listos los sistemas de monitoreo con tecnología de alerta temprana para actuar ante estas quemas.

Sanciones entre leves, graves y muy graves

Las sanciones por infringir las normas sobre protección ambiental en Quito se gradúan según la gravedad de la falta y la capacidad económica del infractor. Las categorías son leves, graves y muy graves.

• Sanciones leves. Fumar cerca de áreas protegidas o no permitir la inspección de personal municipal: multa de un salario básico a 2,5 salarios básicos unificados.

• Sanciones graves. Quema no autorizada de un predio privado que afecte a una zona protegida: multa de tres a 4,5 salarios básicos unificados.

• Sanciones muy graves. Incendio forestal provocado por fuegos pirotécnicos o quema de espacios públicos: multa de 5 a 75 salarios básicos unificados.

Las personas pueden optar por realizar trabajo comunitario como alternativa.

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