El mural de la Prefectura se construyó con inconsistencias

La prefectura de Pichincha nuevamente está bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. A través de un examen especial realizado entre el 2 de enero de 2021 y el 5 de julio de 2022 se detectaron cuatro novedades en el proceso de contratación para la construcción del mural que se levantó en la fachada del edificio del Consejo Provincial, en el centro norte de Quito, por la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Pichincha.

Para esta obra se desembolsaron $ 480.000 y se adjudicó el contrato a Gustavo Pavel Égüez Rivera, según consta en el documento al que EXPRESO accedió.

Según el informe DNA5- GAD- 0028- 2023, las inconsistencias estarían en la fase preparatoria, precontractual y contractual de esta obra.

En primera instancia se señaló que “la entidad no contó con el estudio completo y definitivo del peso de la obra artística de la fachada oriental del edificio, previo a la fase precontractual, ya que este fue elaborado y presentado por el contratista posterior a la suscripción del contrato 223-DGCP- 2021”.

En la segunda observación se menciona que esta obra se instaló sin permisos municipales, los mismos que debían ser gestionados por el contratista, según consta en los términos de referencia del contrato.

Para este tipo de instalaciones era necesario obtener una licencia metropolitana urbanística de edificación simplificada (LMU20). Al respecto, el ente auditor reveló que en el expediente de contratación no se encontró dicho documento ni otros papeles relacionados con la elaboración de una obra artística ejecutada en los muros de la fachada exterior del edificio de la prefectura.

Desde la administración zonal Manuela Sáenz se corroboró el incumplimiento de la normativa municipal por parte de las autoridades del Gobierno Provincial, quienes permitieron esta instalación sin contar con la documentación en regla.

“Una vez revisado el sistema municipal BPM para la emisión de licencias urbanísticas se verifica que dicho predio no ha obtenido ninguna licencia fija ni de inversiones constructivas menores”, se lee en el oficio.

Esto deja entrever que la Prefectura estaría inmersa en un proceso administrativo, donde el ente regulador municipal podría sancionarla sin lugar a dudas.

Con respecto a la formación profesional que debía tener el oferente se revela la tercera novedad. En el informe de auditoría se señala que no se hallaron documentos de formación académica y tampoco la constancia de que tuvo el equipo mínimo para ejecutar este trabajo.

Según los términos de referencia, el ejecutor de la obra debía tener titulación académica como “graduado en el colegio de artes plásticas de la Universidad Central, maestro en artes plásticas y muralismo”. Sin embargo, en el expediente no estuvo dicho título profesional y pese a ello se calificó la oferta.

Además, también se reemplazó al técnico de ejecución de la obra artística por un profesional que no cumplió con el perfil requerido. Es decir, en el formulario de oferta entregado por el contratista se indicó que quien asumiría este cargo sería un magister en ingeniería civil, pero al final se contrató a un ingeniero mecánico, quien no poseía ningún título de cuarto nivel.

Finalmente, en el contrato tampoco se estableció una cláusula de sanciones por incumplimiento de las obligaciones contraídas, como multas por retrasos en los plazos de entrega, por ejemplo. Sobre esto, la prefectura respondió a la Contraloría que, “el equipo auditor ha realizado un supuesto análisis de manera subjetiva (...) más aun cuando el contratista ha cumplido y ejecutado la obra artística dentro del plazo y conforme las condiciones establecidas”.

EXPRESO solicitó a la Prefectura, vía correo electrónico, un pronunciamiento sobre estas novedades, para despejar dudas sobre las motivaciones para obviar ciertos procesos, pero hasta la publicación del artículo no hubo respuesta.