Negligencia tiene a Quito sin revisión técnica vehicular

Quito no ha podido solucionar el problema de la revisión técnica vehicular. Han pasado tres administraciones, la de Mauricio Rodas, Jorge Yunda y, ahora, Santiago Guarderas, y los contratos para delegar a un operador privado para la revisión técnica siguen causando un dolor de cabeza.

Silvana Vallejo, actual directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dice que hay una solución: el nuevo calendario de la revisión técnica vehicular comienza en julio y para esa fecha ya se contratará una empresa que se haga cargo del servicio.

Sin embargo, para que esto resulte la ciudad debe recuperar los equipos y los patios de revisión técnica vehicular que están en manos de las empresas Consorcio ITLS y Danton.

EXPRESO buscó la versión del Consorcio, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. En 2015, durante la administración del alcalde Rodas, el Municipio suscribió un contrato con estas compañías para que realicen la revisión técnica.

Los contratos finalizaron en 2017, pero el servicio se siguió dando mediante convenios de pago. En total se firmaron 12 convenios de pago, por un valor de $ 7 millones, de los cuales $ 3 millones están pendientes de cancelación. Este valor ahora es revisado por la Procuraduría. “Es un árbitro que está vigilando que todo sea transparente”, dice Vallejo.

Lo que llevó a la Alcaldía a paralizar el servicio de revisión técnica fue la negligencia con la que funcionarios municipales manejaron los contratos.

Así lo señala la Contraloría en su examen especial DPPCH-0015-2020. Vallejo explica que los convenios de pago son una figura que se usa para adquirir bienes o servicios imprevistos. “Se debía contratar mediante un proceso regular, pero no se hizo. No había fundamento legal, ya que la revisión técnica era un servicio planificado”, agrega Vallejo.

Hoy, la Alcaldía para lograr que en julio comience la revisión técnica, como ha anunciado, debe lograr que seis centros de revisión técnica le sean entregados. Estos están ubicados en Guamaní, Los Chillos, San Isidro del Inca, Carapungo, Guajaló y La Florida Alta.

Una vez terminados los contratos, los bienes dentro de los Centros de Revisión debían ser entregados a la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Entre los bienes constan varios vehículos que en los últimos cinco años no han sido matriculados. Eso suman 5,5 millones que deben ser pagados a la Agencia Nacional de Tránsito y al Servicio de Rentas Internas. Eso también implica liquidar los valores pendientes con las operadoras.

La Contraloría ya revisó estos contratos en 2020 y encontró más negligencias que señalan a los funcionarios que ocuparon cargos en la Secretaría de Movilidad y en la Dirección de la Agencia Metropolitana de Tránsito entre 2017 y 2020.

La forma descuidada con el que se manejaron los contratos hicieron que la ciudad pierda $27 millones, ya que la Alcaldía permitió que las compañías usaran terrenos para realizar la revisión sin pagar un arriendo.

Vallejo dice que en su administración todos estos problemas serán resueltos. Desde enero de este año, que llegó al cargo, su equipo trabaja en la liquidación de los pagos pendientes. A la vez, realiza las bases y un estudio de mercado para una nueva contratación. “Para julio tendremos revisión”, dice.

Problemas

Los buses llenan de esmog

El objetivo de la revisión técnica es incidir en la calidad del aire de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito hace operativos para controlar a los vehículos que incumplen los niveles de opacidad. El límite máximo de emisiones por vehículo a diésel permitido es: modelo 2019 en adelante, 30 %; modelo del 2000 al 2018, 50 %; y modelos 1999 o anteriores, 60 %. En septiembre de 2021 se inspeccionaron 7.481 vehículos, entre buses, taxis y transporte escolar. 1.301 automotores fueron multados.

El detalle

Servicio. En julio se iniciará la Revisión Técnica de los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, y se prolongará hasta noviembre.