Nueva demanda contra la ANT por retiro de fotorradares de velocidad
Con el retiro de fotorradares, no se garantiza la integridad física de los usuarios de las vías, dice el demandante
Una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se sumó a la que interpuso en septiembre pasado un grupo de alcaldes de los municipios del Ecuador tipo B.
A inicios de ese mes, la ANT instó a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a que inicie un proceso para suspender 263 fotorradares en 32 cantones y una mancomunidad, todos ellos municipios de modelo gestión tipo B, según lo establecido por el Consejo Nacional de Competencias (CNC).
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Guillermo Abad, de Justicia Vial, está al frente del nuevo proceso que se colocó a finales de octubre de 2024. En entrevista con EXPRESO señaló que la demanda es en contra de la decisión de la ANT de retirar todos los controles de velocidad a través de sistemas tecnológicos, por lo que no se garantiza la integridad física de los usuarios de las vías.
"Sabemos que una de las principales causas de siniestros es el exceso de velocidad y los organismos internacionales instan a los gobiernos a que se tomen medidas para la gestión de velocidad en las vías", dice.
Asimismo, Abad recuerda que la ley establece medidas y herramientas tanto jurídicas como técnicas para mitigar siniestros de tránsito por exceder los límites permitidos. Además, se reconocen todos los dispositivos magnéticos, electrónicos, digitales, fotográficos y videos que ayuden a controlar la velocidad del transporte comercial y particular.
Uno de los artículos que menciona Abad son los convenios que la ANT, a través de la CTE o la Policía, firma con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que no tienen la capacidad de controlar el tránsito a través de agentes uniformados. "Estas disposiciones legales han sido violentadas; están dejando sin los controles de velocidad", recalca.
Firma de convenios
En septiembre, Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, cuestionó que en administraciones pasadas se hayan firmado convenios de coordinación y cooperación interinstitucional donde se les facultó el control operativo a los municipios tipo B, y calculó que en alrededor de 302 “existen cuestionamientos sobre su ubicación y el sentido que deben imperar de estos equipos, el ser preventivo y no recaudatorio”.
Al respecto, Abad señala que se trata de dos cosas distintas y el tema se ha politizado. La una es la política pública que tomaron eliminando los controles de velocidad, y lo que implica para el usuario, vial, que es lo que se está demandando, y otra cosa es la firma de los convenios.
Para Abad, si hay algún tipo de observación administrativa en los convenios, ya sea en Contraloría, Procuraduría o Fiscalía, se debería colocar una denuncia, pero menciona que hasta el momento no hay ninguna.
Además, según el reglamento, quien garantiza la funcionalidad de los dispositivos tecnológicos de medición de control de velocidad es la propia ANT, que establece que los debe homologar, ubicar y calibrar. "Si hay inobservancias en las firmas de los convenios, los responsables son la ANT y CTE que estuvieron a cargo y deben ser subsanadas con actos administrativos", afirma.
La audiencia para conocer la decisión de la jueza está prevista para el martes 5 de noviembre.
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