Ordenanza para la Gestión de la Seguridad Vial de Quito: ¿Solución a los siniestros?

De acuerdo con datos del Visor de Siniestralidad, citados por el Municipio de Quito, en la capital se registraron 3.815 siniestros durante 2023. Esa cifra equivaldría a 10 sucesos por día. El saldo en ese año fue de 329 fallecidos y 2.452 lesionados. 

Con el objetivo de frenar ese impacto, hace más de un año se propuso la ordenanza para la Gestión de Seguridad Vial, que nació de la Coalición Movilidad Segura y contó con el apoyo de Bloomberg Philanthropies Ecuador y otras organizaciones, las cuales trabajaron con la Comisión de Movilidad y lograron la aprobación de la normativa, ocupando la silla vacía en el Concejo.

Pero ¿con esa ordenanza se logrará el objetivo de bajar la siniestralidad? La concejala Diana Cruz explicó a través de su cuenta de X que con esta normativa se controlará la velocidad en zonas de alto riesgo, se hará un rediseño de infraestructura para priorizar la seguridad y se establecerán protocolos de atención para las víctimas de siniestros. Agregó que se busca que haya “menos accidentes, más vidas protegidas”.

Para Andrea Flores, de Bloomberg, es positivo porque cuando se tiene un cuerpo normativo, se propende a institucionalizar acciones que propenden que en el futuro ya no dependan de la voluntad política de las autoridades de turno y que se sostengan en el tiempo. “Y eso es bueno si es que tienes un marco regulatorio que hable de seguridad vial y que establezca obligaciones y responsabilidades y que actualmente se encuentran dispersas, pero ahora ya tienen responsables en la Secretaría de Movilidad hacia abajo”.

Sin embargo, recalca que no es la solución definitiva porque una cosa es que quede escrito y otra que las autoridades en la práctica se comprometan y hagan que las cosas ocurran. “Si no, vamos a seguir viendo la cantidad de siniestros que se han reportado en estos últimos días con las fatalidades de las que vienen acompañados”.

Según Flores, la ordenanza le dio un plazo máximo de 150 días a las autoridades para aprobar planes de carácter mandatorio, como el Plan de Gestión de la Velocidad, para que se levante información a través del análisis de puntos críticos y se establezcan límites de velocidad seguros en las vías. Un ejemplo, dice Flores, es la avenida Mariscal Sucre, que se creó como periférica pero ya está en una zona urbana y mantenerla a 90 km/h la ha convertido en una de las vías más peligrosas. 

Por eso, luego de identificar esos puntos se deberán aplicar acciones concretas de reducción de velocidad, intervenciones en infraestructura y controles sostenibles, permanentes y visibles. Todo esto, agrega, debe estar acompañado de una campaña de cambio de comportamiento, para que la gente tenga presente las consecuencias que trae consigo el exceso de velocidad y el incumplimiento de los límites”.

Sin embargo, entre usuarios de esa plataforma hay personas que tienen dudas sobre la eficacia de la normativa. Por ejemplo, @TAVODEPONCE escribió: “Estamos llenos de ordenanzas y leyes que no se cumplen y que muestran la capacidad de control del municipio”. Y el usuario @arq_pi agregó: “Ver para creer, quedará en letra muerta, los ciclistas no tenemos vías seguras, los peatones peor, todas las veredas se han convertido en parqueaderos, todos hacen lo que a bien tengan, nadie controla nada, pero para las multas llamen a esos Amt”.

Apenas esta mañana, un siniestro entre un vehículo pesado que transportaba material avícola y otros cuatro vehículos dejó un fallecido y un herido en la Ruta Viva. En la tarde se restringió la circulación por otro siniestro en la vía entre Cumbayá y Quito, sin lesionados ni fallecidos. Según los proponentes de la normativa, se busca frenar esta problemática.

¿Qué más implica la ordenanza?

Según la Coalición Movilidad Segura, la ordenanza tiene el propósito de articular acciones entre entidades municipales y sociedad civil con el objetivo de reducir las muertes y las lesiones producto de siniestros viales en la ciudad. Pero en el documento se plantean metas claras y cuantificables, para poder garantizar que esto se cumpla. Por eso se han fijado, por ejemplo, informes semestrales con perfilamiento de siniestralidad en el Distrito Metropolitano de Quito y la creación de un canal de comunicación tecnológico para informar sobre el procedimiento que se cumplirá cuando ocurra un siniestro de tránsito.

Por otro lado, se han fijado normas como la capacitación obligatoria que todo conductor de vehículos de transporte público y comercial que trabajen en el Distrito Metropolitano de Quito deben tomar sobre primeros auxilios.

Para que todo funcione y se perfeccione en el tiempo, se han establecido mecanismos de monitoreo, evaluación y mejora continua que permitan que, a futuro, se puedan ajustar las estrategias que sean necesarias. En ese sentido, Es importante para las organizaciones que son parte de la Coalición que se levanten datos estadísticos y se haga un análisis periódico, pues así se pueden identificar a tiempo las necesidades relacionadas con la seguridad vial, que es el centro de la nueva ordenanza.

Otros cambios que se prevén tienen que ver con la infraestructura vial, relacionados con el Plan Metropolitano de Seguridad Vial. Según la Coalición, se plantea una categorización funcional de la Red Vial, pacificación vial y un control de tránsito enfocado en factores de riesgo, como la atención Prioritaria en vías con mayor siniestralidad, la capacitación, el entrenamiento y la sensibilización para usuarios seguros y una comunicación efectiva en seguridad vial.

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