Pabel Muñoz enfrenta nueva denuncia por uso indebido de recursos públicos
El TCE recibió la denuncia contra el alcalde Pabel Muñoz por uso de recursos públicos para fines electorales
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta una nueva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se lo acusa de cometer una infracción electoral muy grave relacionada con el uso de recursos públicos para fines electorales. La denuncia fue presentada el 18 de noviembre del 2024 por la abogada Carolina Moreno.
La denuncia se basa en una sentencia emitida por el TCE en abril de 2024, que ya había encontrado responsable a Muñoz por inducir a la ciudadanía a votar por Luisa González, candidata presidencial en las elecciones anticipadas de 2023.
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La nueva acusación amplía la investigación, abordando hechos que no fueron sancionados en su momento y que implican el uso indebido de bienes públicos durante actividades ajenas a sus funciones como alcalde.
El alcalde Muñoz utilizó el vehículo municipal con fines electorales
Según los documentos presentados en la denuncia a la que tuvo acceso EXPRESO, Muñoz utilizó vehículos oficiales de la municipalidad, los cuales son considerados bienes públicos, en diversas ocasiones y para fines electorales.
Entre las actividades señaladas, se destaca el uso de un vehículo institucional marca KIA durante los días 5 al 7 de julio de 2023, y del 15 al 18 de agosto de 2023, en el marco de su "Agenda de Autoridad Municipal". Sin embargo, el uso de estos vehículos no estuvo relacionado con actividades oficiales, sino con eventos de carácter político y electoral.
Un caso particular es el del 6 de julio de 2023, cuando Muñoz participó en la "Caminata del Sur", un evento que excedía sus competencias como alcalde y que fue realizado en el sur de Quito. El uso del vehículo institucional para movilizarse a dicho evento, según la denuncia, demuestra un uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
Este acto es considerado una infracción muy grave
La abogada Moreno, quien presentó la denuncia, destacó que estos hechos constituyen una infracción electoral muy grave, según el Artículo 279, numeral 5, del Código de la Democracia. Además, señaló que este comportamiento también infringe la Ley Orgánica de Servicio Público, que regula la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del Estado. La utilización de bienes públicos, como los vehículos oficiales, para fines personales o electorales, viola principios fundamentales de ética y legalidad, afectando la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
La denuncia enfatiza que el tiempo y los recursos de los servidores públicos, financiados con fondos estatales, deben ser utilizados exclusivamente para cumplir con las funciones para las cuales fueron elegidos o designados. Según la abogada Moreno, el uso de bienes y tiempos públicos con fines electorales vulnera esos principios y representa una grave transgresión a la ética en el servicio público.
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