Presupuesto para seguridad en Quito: Vecinos claman por un Municipio cercano
Ciudadanas organizadas piden más control en sus zonas. Ediles discrepan sobre el uso del presupuesto
Menos del 1 % del presupuesto municipal 2025, que asciende a 1.002’168.087 se destinará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Específicamente será el 0.44%, son $ 4.4 millones. Sin embargo, no es el único rubro para este campo.
El concejal de la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra, que integra la comisión de presupuesto, explicó a EXPRESO que para el próximo año decidieron “recategorizar los rubros” destinados a la seguridad y colocar los recursos en las entidades correspondientes. Al final, sumando todos los montos de gasto corriente y de inversión, para este sector habrá $ 129 millones.
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Así, se han asignado $ 25 millones para los agentes de control; $ 82 millones para el Cuerpo de Bomberos; $ 17 millones para la Empresa Pública de Seguridad y $ 4.1 millones para la Secretaría.
Según el concejal Ibarra, la Secretaría estaba a cargo de, por ejemplo, procesos de contratación que le correspondían al Cuerpo de Agentes. Por eso se hizo la distribución de presupuestos. Además, asegura que entre 2024 y 2025, hay un aumento de recursos.
Más allá de las cifras, Paola Burbano e Isabel Vinueza, del Comité de la República de El Salvador, consideran necesario que el Municipio trabaje en campañas de seguridad ciudadana. Y que apoye mucho más a organizaciones vecinales, como la de ellas, que se formó antes de la pandemia.
“En nuestra época había spots de ‘mucho ojo, cuídate’. No es suficiente con comprar motos y camionetas para la Policía, no hay personal”, apunta Isabel, quien pide que hagan cumplir las ordenanzas en cuanto a la ocupación de espacio público por la venta informal.
A Burbano le parece vital que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) actúe en su zona, que comprende la Naciones Unidas, Eloy Alfaro, Los Shyris y 6 de Diciembre, “son 1.5 kilómetros”. Este comité se ha organizado en cinco chats de WhatsApp, para mantenerse al tanto de que dos personas circulan en motos, sin placas. Mientras ocurre la entrevista se puede confirmar que es común.
Organización vecinal
“El concejal Wilson Merino señala que faltan ‘soldaditos’, es decir, agentes que ayuden a controlar el cumplimiento de las normas. Estamos de acuerdo en eso. La delincuencia se aprovecha del desorden; hay arranchadores en las motos sin placas que circulan”, dice Burbano. Y otros vecinos piden revisar los permisos de quienes venden cigarrillos en puestos informales. En los alrededores se observan adultos mayores tumbados en la vereda, producto del alcohol.
Los vecinos hacen caminatas grupales nocturnas, con apoyo de la Policía Nacional. Suelen identificar si falta alumbrado público o reflectores con sensores de movimiento o si se requiere podar un árbol. También conversan con administradores de los edificios, para que arreglen las veredas. Pero dicen que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) debe actuar.
Además, les preocupa que no se tome en cuenta a la ciudadanía en decisiones como qué hacer en el espacio de la vieja tribuna de Los Shyris. Paola dice que acudieron a una reunión y luego participaron de reuniones por Zoom y de un chat, con 80 personas. Finalmente no fueron escuchados. Creen que hoy más que nunca hace falta la unión.
La concejala Analía Ledesma les da la razón. “Los índices de violencia se han incrementado, hemos visto asaltos en todas las zonas, inclusive en centros comerciales”. Mientras Burbano y Vinueza comentan: “en nuestra zona, mataron a un candidato”.
Isabel Vinueza
La edil recuerda que de 1.300 barrios regularizados, unos 100 están catalogados como zonas peligrosas. Considera que con la tasa de seguridad y gestión de riesgos, de alrededor de 8 millones de dólares, se debe trabajar más de cerca de la gente.
El general Henry Tapia, comandante de la Policía del DMQ, dijo a este medio que hacen operativos focalizados en lugares con mucha afluencia de personas, para prevenir robo de personas, de vehículos y de accesorios. “Hay 400 eventos menos de este tipo, desde septiembre, en relación con el 2023”.
En Quito, según Tapia, aún los casos de extorsión y sicariato son puntuales y focalizados en Quitumbe y Tumbaco.
El concejal Ibarra anota que la Alcaldía sí está preocupada por la seguridad. “Cuando llegamos había 128 Unidades de Policía Comunitaria deshabilitadas, hemos entregado 85”.
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