Quito: ‘Privilegios’ de los concejales metropolitanos, en debate sobre patrimonio
La intervención de Sara Serrano, desde la Silla Vacía, enojó al alcalde Pabel Muñoz
Una sesión del Concejo Metropolitano de Quito que transcurría tranquila, en la que los temas tratados lograban el apoyo de los ediles y en la que, aparentemente, no habría discusiones ni roces cambió por un momento, a partir de la intervención de la ocupante de la silla vacía, Sara Serrano.
Ocurrió ayer, cuando la representante del Cabildo Cívico de Quito y del Comité Pro Mejoras de La Floresta mencionó el “lamentable estado” del patrimonio que, según ella, obedecía a la “inacción y omisiones de los poderes central y local o por erráticos apetitos inmobiliarios y al desconocimiento de la población”. Su análisis luego apuntó hacia polémicas sobre el Concejo y preguntó si “con la misma agilidad con la que se tramitaron las cámaras para cuidar las propiedades de las autoridades municipales o para dotarse de flamantes vehículos se han jugado ustedes, autoridades, por el cuidado de nuestro patrimonio que es nuestra herencia espiritual invaluable”.
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Enfrentamiento durante la sesión de Concejo
La pregunta enojó al alcalde Pabel Muñoz, quien la interrumpió y le solicitó ceñirse al tema para el que se acreditó. Poco después, en un punto de orden, Muñoz le leyó a Serrano el significado de la palabra injuria, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE).
Le pidió que “verifique, certifique y demuestre en casa de qué concejal ha sido instalada una alarma comunitaria. No se puede violentar el debate de esa forma, no se puede calumniar ni injuriar concejales de esa forma”, dijo. Para Muñoz, eso pasó porque hay ediles que malinforman y hablan de una “tal política de privilegios y ojalá se desvelen todos los privilegios que pueda haber”.
Al inicio, Serrano se quedó sin palabras y luego dijo que su tema era la priorización del patrimonio histórico como defensa de Quito, pero que la comparación que hizo con las alarmas comunitarias será matizada y puesta en contexto por escrito y aclaró que no tuvo intención de ofender. Muñoz respondió que su deber es defender al Concejo, incluso a quienes “malinforman, porque aquí ningún concejal ha recibido del Municipio la instalación de una alarma comunitaria en su propiedad”.
La discusión terminó ahí, entre aplausos para el alcalde, pero hubo varios ediles, entre los que estaba Estefanía Grunauer, Diego Garrido, Érika Torres (alterna de Gabriel Noroña) y Andrés Campaña, quienes hablaron de la polémica que se generó en mayo pasado alrededor de las alarmas. Grunauer explicó que finalmente no se instalaron en los barrios donde habitan porque no se han comprado nuevas. Repitió que la iniciativa se trató porque, como autoridades, ellos podrían ser blancos de ataques, lo que preocupaba a sus vecinos y los ponía en riesgo.
¿En qué consiste la ordenanza?
Aunque el debate se desvió del tema, al final la ordenanza de Bienes Inmuebles Inventariados o de Interés Patrimonial, Espacio Público, Conjuntos, Áreas Históricas y Áreas Patrimoniales, fue aprobada con 19 votos a favor y dos en contra: los del concejal Andrés Campaña y el de Serrano, desde su silla vacía.
La ordenanza busca simplificar trámites, crear incentivos económicos y tributarios para los dueños de bienes patrimoniales y establecer las sanciones para quienes atenten en su contra. El tema ha estado bajo análisis por al menos 12 años y como norma empezó a diseñarse en el anterior Concejo.
Según la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, en ese lapso se recibieron 319 observaciones de la Universidad Internacional, el Colegio de Arquitectos de Pichincha, concejales, los exediles Juan Manuel Carrión y Diego Carrasco, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el Comité Pro Mejoras de la Floresta, el Cabildo Cívico, la Unesco y otros.
La ordenanza de bienes patrimoniales trae beneficios e incentivos
El edil Emilio Uzcátegui, presidente de la Comisión de Áreas Históricas, dijo que entre los cambios está que muchos trámites ya no se resolverán en esa mesa del Concejo sino de forma administrativa, el Municipio invertirá en inmuebles patrimoniales, se facilitará adecuaciones de uso para que viviendas puedan convertirse en restaurantes, por ejemplo.
De acuerdo con Uzcátegui, la comisión tuvo 16 sesiones y seis mesas de trabajo para agotar las observaciones de la Silla Vacía y la mayoría de ellas fueron acogidas. Pero la relacionada con prohibiciones de construcciones en un predio donde exista un bien patrimonial o en otros aledaños no se incorporó porque podría ser perjudicial a futuro.
Semanas atrás, la reforma preocupó a los defensores del Hotel Quito, que son parte de los grupos a los que representó Serrano en la Silla Vacía. Pero tanto Uzcátegui como Garrido, miembro de la Comisión, señalaron que ese tema está cerrado porque ya hubo pronunciamientos judiciales y de autoridades nacionales y locales al respecto. Además, la ficha de inventario del hotel está actualizada y ratifica su protección total.
Serrano insistió en que los temas de los conjuntos arquitectónicos patrimoniales y la necesidad de contar con la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre estos bienes debía incorporarse en la normativa y por ello votó en contra, al igual que el edil Campaña.
Él votó así porque Áreas Históricas es la única comisión que resuelve trámites ciudadanos, pero pidió que se ponga en la ordenanza que cuando se trate de construcciones mayores, el debate pase al Concejo. Además, apoyó a Serrano sobre los conjuntos arquitectónicos.
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