El procurador anuncia un pedido de anulación del laudo arbitral en el caso Gente Oil

El procurador Íñigo Salvador anunció que presentará una acción de anulación del laudo arbitral dictado por la Corte Permanente de Arbitraje, con sede de Chile, que falló en contra del Ecuador y le impuso el pago de 11.5 millones a la empresa Gente Oil. Esa firma presentó una demanda en contra del Estado ecuatoriano por un supuesto incumplimiento en obligaciones contractuales en la exploración y explotación del campo petrolero Singue, localizado en la Amazonía.

El laudo se dictó el pasado 24 de mayo. Se acusó al Ecuador de incurrir en daños en contra de la empresa Gente Oil, por temas como restricciones de transporte, disminución del ingreso disponible y otros señalamientos.

El procurador aclaró sin embargo que el fallo de esa Corte de Arbitraje no tiene nada que ver con el proceso penal que se tramitó en Ecuador y que sentenció a siete personas, en primera instancia, a ocho años de cárcel por el posible delito de peculado. Entre los condenados están el exvicepresidente Jorge Glas, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja y el exministro Wilson Pástor.

El laudo fue presentado en 2018. Estuvo a cargo de Gente Oil Ecuador, que fue parte del consorcio DGC, integrada por Dygoil y Gente Oil, adjudicatario del contrato de prestación de servicios en el bloque Singue.

Salvador insistió que la causa de los supuestos incumplimientos y la que se sustanció en materia penal no están relacionadas. No tiene que ver con la determinación de la tarifa del barril de petróleo. Añadió que en el laudo se determina la responsabilidad contractual del Estado mientras que en el campo penal, es la responsabilidad personal de cada sentenciado y no de la persona jurídica. Gente Oil no logró que en la decisión haya un pronunciamiento sobre las actuaciones de Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría que fue la que presentó la acusación particular del caso. Esa instancia rechazó esa pretensión, concluyó.

Aunque Gente Oil solicitó la terminación anticipada por incumplimiento, el tribunal dijo que no procede y la firma tendrá que seguir prestando servicios por el tiempo de 20 años.

Finalmente el procurador aclaró que el laudo no es la última palabra y la Procuraduría seguirá defendiendo al Estado sin importar el gobierno en el que se hayan cometido los actos. A pesar del resultado adverso, el procurador indicó que se consiguió la eliminación de importantes rubros que permitieron que el monto de la pretensión baje de cerca de 100 millones a 11.5.

Aunque anunció que en este caso se puede aplicar la repetición para los funcionarios involucrados en el tema, la falta de aprobación de la ley en la Asamblea hace remota esa posibilidad.