Quito: Dudas por datos, pagos y más deja iniciativa ‘Tercera placa’

Los cuestionamientos comienzan desde el nombre de la nueva ordenanza de la ‘Tercera placa’, que se abordará en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito. La normativa busca regular la implementación de un dispositivo que se colocará en todos los vehículos que aprueben la revisión técnica vehicular en la capital, pero que genera dudas sobre la seguridad de los datos que almacenará, cuáles serán los roles de las entidades municipales que se involucrarían, etc.

La vicepresidenta de la Comisión, Cristina López, dice que el proyecto, que tiene 15 páginas y 19 artículos, plantea “implementar un dispositivo de identificación vehicular para planificar y regular el control del tránsito e identificar el comportamiento de ese flujo en la ciudad, con el fin de emitir la política pública”. Por ello considera que no se debería denominar ‘Tercera placa’. “Hay que cambiar el nombre porque el Municipio no tiene competencias para emitir placas”, añade.

Un criterio similar tiene el concejal Wilson Merino, quien menciona varios “desafíos” para que el Cabildo logre implantar el dispositivo en la urbe.

Las interrogantes

La propuesta de ordenanza, enviada por el alcalde Pabel Muñoz el 24 de diciembre a la Comisión, propone que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) “será la responsable de la administración de la base de datos que almacenará la información generada por el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV)”, mientras que la Secretaría de Movilidad “expedirá la norma técnica que regulará el funcionamiento, características técnicas y calidad” del nuevo chip, así como el “modelo de gestión para su implementación, uso y servicios”. También establece el proceso de aplicación y las sanciones por no colocarlo.

Pero López considera que al texto le faltan especificaciones. Por ejemplo, se deberían equiparar el nuevo DEIV y el actual sticker que entrega la AMT y definir roles de las entidades municipales involucradas.

“La revisión actual tiene un costo de $23 más $5 del adhesivo y se supone que el nuevo dispositivo es gratuito, entonces debemos homologar y no tener dos elementos para el mismo fin. Además, la empresa no debería estar a cargo de este proyecto y ¿Quién se encargará de los equipos o cámaras que leerán el dispositivo? Porque es la Epmmop (Empresa de Movilidad y Obras) la que regula los semáforos. Tampoco sabemos si los datos van a estar duplicados en el sistema de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito)”, dice.

La edil y Merino destacan el intento de avanzar hacia el cambio tecnológico en la capital, con miras a una ciudad inteligente. Sin embargo, el concejal habla de otros puntos, como el tema presupuestario.

¿Cómo funcionará la tercera placa? 

Según el proyecto, la implementación costará $5 millones y los dispositivos durarán 5 años. “Pero, ¿de dónde van a venir los fondos no solo para los chips, sino para la infraestructura tecnológica para que esto funcione?, ¿Cómo se hará la armonización con las bases de datos de los autos ya matriculados? El Municipio gasta en hardware (aparato) sin tener una visión sistémica integral”, critica.

Al parecer, el aspecto que les genera mayor preocupación son los datos de las placas que recopilará el dispositivo. “Es información sensible, completa sobre los usuarios y el Municipio de Quito tiene que garantizar transparencia”, señala Merino.

“Con la placa se tiene acceso a la información de las personas y ¿Qué pasa con esos datos cuando se vende un vehículo? Son preguntas que buscaremos que se aclaren por escrito”, asegura López.

Fabricio Corrales, experto en gestión de transporte de la UIDE, manifiesta que la preocupación por los datos se relaciona con la seguridad de los ciudadanos, el tema que más interesa a los ecuatorianos. “¿Qué pasa si se empieza a rastrear a personas? Es verdad que esos dispositivos se usan en Londres, Singapur, pero en esos lugares no tienen los delitos de nuestro país, donde nos hackean cuentas bancarias”, resalta.

El especialista cree que avanzar en un “control digital del tránsito es espectacular, evitaría el soborno”, pero antes sugiere al Cabildo asegurar el manejo de esos datos y evaluar el impacto económico de la medida en personas de menos recursos, así como los efectos de eventuales pagos adicionales que se impondrían para circular en ciertas zonas como el casco colonial, “porque la gente evitará ir al Centro Histórico”, observa.

El alcalde, los ediles y la propuesta destacan que la normativa busca mejorar la gestión del tránsito, pero existen usuarios que ven a la medida como recaudatoria. Así lo señalan las personas en las redes sociales y el conductor Roberto Merizalde tiene la misma percepción.

“Ya pasamos la revisión, pagamos peajes, patente, luego han de querer cobrar por este sticker también”, se queja Merizalde, chofer de un camión que entrega productos en la urbe.

De hecho, Muñoz mencionó que con el nuevo DEIV las personas podrían movilizarse, pese a la restricción del Pico y placa, pero con el pago de un rubro. Merino cree que “sí puede haber esa intención (recaudatoria) por parte del alcalde, como los dispositivos que propuso para instalar peajes en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, pero esa visión política debería transparentar y decirla abiertamente a la ciudadanía. Eso precisamente demandaremos en la construcción del debate (del proyecto): decirle a la ciudadanía por qué el dispositivo, de dónde van a venir los financiamientos, ¿hay una visión recaudatoria, sancionatoria o de cambio de estructura?”.

La Municipalidad ha aplazado la aplicación de esta propuesta. Se planteó que comenzaría en inicio de año y los concejales creen que estará lista en mayo o junio. “Ya debían haber realizado pruebas. Está atrasada porque la revisión vehicular comienza en febrero y y qué va a pasar con los conductores que llegan desde afuera de Quito”, es otra duda que expone el experto Corrales.

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