Quito, empapelada en cada elección: ¿quién limpia?
Los elementos de promoción de los candidatos políticos afectan el espacio público y causan daños al ambiente
Papel, cartón, engrudo, banderines, afiches despegados y colgados como trapos viejos. Aunque la campaña electoral terminó oficialmente el 10 de abril de 2025, sus residuos visuales pueden quedarse semanas, incluso meses, contaminando Quito.
Durante las campañas, las calles se llenan de mensajes, rostros, eslóganes y promesas. En cada poste, esquina o pared hay espacio para una valla improvisada o un afiche pegado con engrudo. Pero una vez que pasa la elección, pocos se responsabilizan por limpiar el desorden.
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Los postes, especialmente, se convierten en soportes improvisados de propaganda. El problema no es solo estético, pues el uso de engrudos o cintas adhesivas puede dañar la pintura, la señalética o incluso generar riesgo eléctrico si se colocan sobre redes o luminarias.
El asesor en comunicación política Gustavo Isch considera que esta forma de hacer campaña responde a una práctica anticuada. “El mundo ha cambiado radical y permanentemente. Hoy los postes no votan, los autos tampoco. Sin embargo, seguimos viendo afiches pegados, que se suman a otros tantos en un país fragmentado, con múltiples candidaturas y procesos electorales frecuentes”, analiza.
Isch cuestiona la ética política detrás de este tipo de publicidad. “Ni siquiera después de las elecciones las organizaciones políticas muestran respeto por la ciudadanía. Y aunque es una obligación retirar la propaganda, no lo hacen porque saben que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hace cumplir las normas”, lamenta.
Lo que dice la norma
La normativa municipal permite ubicar letreros de publicidad electoral temporalmente, siempre y cuando se cuente con un permiso emitido por la Administración Zonal correspondiente. Cada dependencia debe autorizar, caso por caso, según la solicitud de los partidos o movimientos políticos.
Sin embargo, una regla clara es que no está permitido pegar directamente los afiches en postes o muros. Estos deben colocarse sobre estructuras desmontables, lo que facilitaría su retiro y evitaría daños al espacio público.
Una vez terminada la campaña, los responsables, en definitiva los partidos o movimientos políticos, tienen un plazo de 10 días para retirar la propaganda electoral. El problema es que aunque la disposición está establecida en ordenanzas municipales y resoluciones del CNE, no hay sanciones por incumplimiento ni un mecanismo eficaz de control.
El uso masivo de materiales como papel, cartón, vinilo, plástico y cintas no biodegradables tiene un impacto ambiental directo. Muchos de estos residuos terminan en quebradas, alcantarillas o estructuras de desfogue y permanecen allí durante semanas, contribuyendo a la contaminación visual y al deterioro urbano.
Un problema más allá de lo visual
Según la biogeógrafa Sheika Aragundi, consultora en programas de desarrollo en Latinoamérica, “existen múltiples factores negativos en el uso de materiales publicitarios. El papel que se utiliza para los afiches suele tener un alto potencial contaminante. Al desprenderse en fragmentos, puede obstruir alcantarillas y afectar el sistema de drenaje urbano”, advierte. Además, incrementa la huella ecológica, generando mayores costos ambientales a mediano plazo.
EXPRESO consultó a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) sobre las acciones municipales para cuidar los elementos del espacio público. Inicialmente ofrecieron brindar información a través de uno de sus supervisores, pero solo entregaron datos generales y no atendieron una entrevista.
Días atrás, la entidad realizó un operativo en la Ruta Viva para retirar carteles de los candidatos. Sin embargo, mientras no haya conciencia de la responsabilidad política y control real de las instituciones, la campaña no termina en las urnas, sino cuando la ciudad logra limpiarse.
En cada proceso electoral, el CNE publica resoluciones específicas que fijan los plazos exactos para el retiro de propaganda. Pero sin sanciones claras, todo queda en el papel.
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