En Quito, los infractores cada vez más optan por pagar con trabajo comunitario
En la capital, la medida se aplica desde el 2020. Cada año más personas optan por ella.
En 2020, en plena pandemia del covid-19, en Quito se implementó el trabajo comunitario como un mecanismo para sustituir el pago de sanciones monetarias. Es decir, los infractores que son sancionados por diversas faltas en la ciudad no pagan con dinero, sino con su tiempo.
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En ese año, en una de las primeras convocatorias, apenas 16 personas se acogieron a la medida y adecentaron el parque del barrio Vencedores de Pichincha, en el sur de Quito. La mayor parte de sancionados en ese entonces era por no llevar puesta la mascarilla.
Con el paso de los años, el número de infractores que se han acogido al trabajo comunitario ha crecido. Según cifras de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en 2023 fueron 240 y en 2024, el número se ubicó en 629, es decir, un aumento del 162 %. Asimismo, las horas de intervención pasaron de 5.160 a 9.459 en ese mismo periodo.
El viernes último, 10 personas llegaron hasta la quebrada Alugulla, en el sector de Pomasqui. Allí trabajaron en el hoyado previo a la reforestación.
Ana, hace seis meses recibió una sanción por vender en la vía pública, en Pifo, en donde también reside. Debía pagar 230 dólares, un valor que considera elevado dada su compleja situación económica.
“Tengo cuatro hijos y soy la única que mantiene el hogar. Por eso preferí el trabajo comunitario y cumplir con la ley”, dice.
Si bien es una obligación, Ana lo ve también como una forma de contribuir con la ciudad y cuenta que lo hace con agrado. Ese día llegó a las 07:00 hasta la quebrada Alugulla, se colocó un chaleco naranja y guantes. Le explicaron la tarea que debía cumplir: cavar hoyos en una extensa área para luego sembrar especies nativas.
Pablo Puebla, jefe de la Unidad de Ambiente de la Administración Zonal La Delicia, explicó que la intervención es parte del programa de reforestación que se implementó en la capital. Específicamente en el sitio se trabaja en un proceso de restauración con especies nativas como el algarrobo y el cholán. Posteriormente se implementarán otros mecanismos como senderos ecológicos y la siembra de otras plantas pequeñas que sirvan como polinizadoras de árboles grandes.
“No tengo recursos para pagar y prefiero el trabajo comunitario"
Kevin Guerra es otro de los infractores que cumplió con parte de las horas de trabajo comunitario que le correspondían. A él lo multaron en diciembre por libar en el espacio público en La Mariscal, la antigua zona rosa de Quito. En su caso, el Código Municipal establece una multa del 25% de un salario básico unificado, es decir 117,50 dólares, dinero con el que no contaba el joven estudiante.
“No tengo recursos para pagar y prefiero el trabajo comunitario. Creo que es un beneficio no solo para los infractores, también para la ciudad y para la biodiversidad”, menciona.
En total, Guerra debe cumplir con 11 horas. Cuatro las hizo en la quebrada Alugulla y el día anterior estuvo en la estación de La Ofelia, colaborando en el ordenamiento de pasajeros. Al igual que Ana, realiza la actividad con compromiso y satisfacción.
La comunidad también se involucra en el proceso que cumplen quienes fueron sancionados y les entregan refrigerios. Ernesto Pullas, presidente del barrio San Rafael de Alugulla, señala que cientos de familias van al parque ubicado en el relleno de la quebrada, que ahora tiene un mejor aspecto.
Vinicio Vera, responsable de la Unidad de Trabajo Comunitario de la AMC, indica que el 80 % de los infractores que participan en el programa son personas sancionadas por libar en el espacio público, en su mayoría jóvenes. Sin embargo, con el reciente plan de contingencia que permite el pago de multas relacionadas con la Licencia Única para Actividades Económicas con trabajo comunitario, también hay más personas adultas.
Vera recalca que frente a la difícil situación económica que atraviesa Quito y el país y las limitaciones para el pago de una infracción, el trabajo comunitario es una opción equitativa y accesible.
Pero recuerda que no todas las faltas aplican a esa medida, solo aquellas como el mal uso del espacio público, libar en la vía pública, portar armas blancas, la tenencia inadecuada de animales de compañía, y el cuidado del arbolado, aceras y fachadas, así como infracciones en el sistema del Metro.
En 2024, entre las actividades que más realizaron los contraventores estuvo el retiro de capa vegetal, limpieza y pintura de mobiliario urbano; recolección de residuos sólidos en parques y universidades y también el ordenamiento de pasajeros.
Las opciones para cancelar las infracciones
Luego de recibir una sanción, el ciudadano tiene tres alternativas para cancelar. La primera es saldando el valor de la multa, la otra es el trabajo comunitario o también se puede llegar a un acuerdo de pago.
Si opta por la segunda, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) debe informar al ciudadano infractor sobre la posibilidad o no de aplicar a esa medida. Si cumple, lo puede solicitar en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador.
La aplicación del trabajo comunitario se llevará a cabo una vez emitida la resolución administrativa y el órgano ejecutor conozca la solicitud de acogerse al mismo por parte del ciudadano infractor.
La AMC recordó que la multa puede ser sustituida total o parcialmente por trabajo comunitario, de acuerdo con la solicitud presentada. Tome en cuenta que el infractor debe cumplir con la tarea de manera personal y no puede delegar esta responsabilidad.
En febrero se aprobó el pago de multas relacionadas con la Licencia Única para Actividades Económicas mediante trabajo comunitario, con la que se busca aliviar la carga económica y fomentar el cumplimiento ciudadano.
El monto máximo que podrá ser cancelado bajo esa modalidad es equivalente a cuatro remuneraciones básicas unificadas (1.880 dólares), asignándose 40 horas por cada una. Si la sanción excede ese valor, la diferencia podrá ser pagada según lo establecido en la normativa vigente.
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