Quito

Revocatoria Pabel Muñoz
Néstor Marroquín acudió al TCE para recibir la sentencia física sobre la revocatoria.Foto: Ángelo Chamba

Revocatoria de Muñoz: "No debería preocuparse si tiene buena aceptación"

Los ediles de la Revolución Ciudadana condenaron la sentencia del TCE. La oposición la ve como un llamado de atención

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 15 días para entregar los formularios para recolectar las firmas dentro del proceso de revocatoria del mandato contra el alcalde Pabel Muñoz. Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, confirmó el 17 de marzo de 2025 que se recibió la notificación y, dentro del plazo establecido por la ley, entregarán los documentos.

El viernes 14 de marzo, el Pleno del TCE acogió la apelación de Néstor Marroquín, quien impulsa el pedido, y dio paso al inicio del trámite de revocatoria contra el burgomaestre.

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Este 17 de marzo, Marroquín llegó al TCE para retirar la sentencia física que fue emitida el viernes pasado. “Fue una sorpresa, no estaba en nuestros planes. Sabíamos que la petición estuvo bien fundamentada, pero se dilató el proceso más de siete meses”, declaró.

Al tratarse de una sentencia de última instancia, Marroquín señala que solo queda el recurso de aclaración y ampliación, que podría ser solicitado por el CNE o por él. Sin embargo, si se lo llegara a pedir, tampoco se modifica el fondo de la resolución, que es la entrega de los formularios.

Luego de que se conoció la decisión, el bloque de ediles de la Revolución Ciudadana (RC), que son mayoría en el Concejo, emitió un comunicado rechazando la sentencia.

Procesos distintos

El concejal Adrián Ibarra hizo hincapié en que no se puede juzgar a una persona por un delito ya sancionado. Recordó que en 2024 Muñoz ya fue multado a pagar más de $9.000 por inducir al voto durante sus funciones a favor de la candidata Luisa González.

“Nos parece curioso que justo en momentos electorales, donde el TCE se ha convertido en la sucursal operativa de Carondelet, se dé paso y se reactive la causa. Además, nos preocupa que se trate de inhabilitar la gestión del alcalde con temas que pasan por un tema político-electoral y también por actores externos que no pueden ganar en las urnas y quieren ingresar por la ventana”, sostuvo.

Al respecto, Marroquín mencionó que se trata de dos procesos diferentes, con base en la primera sanción del TCE que recibió Muñoz. “Fue sancionado y eso certifica que hizo proselitismo, lo que está fuera de sus funciones como alcalde, lo que demuestra que hay un incumplimiento. Y aquello es lo que posibilita a la ciudadanía pedir el proceso revocatorio”, aclaró.

Para Marroquín, el alcalde no debería preocuparse por el proceso si considera que tiene una buena gestión y un buen nivel de aceptación entre los quiteños.

Con lo sucedido, Ibarra ve una persecución no solo contra Muñoz, sino contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras autoridades en el país, como prefectos de la RC. Muestra de ello, dice, es la deuda que se mantiene con los GAD. “A Quito le deben $130 millones. Eso perjudica la gestión, es un dinero que se traduce en obras y proyectos para la ciudad”, insistió.

Diego Garrido, de Democracia Sí, va por la misma línea. Él también cuestionó la decisión del TCE, pues la ve como una muestra de la “grave crisis de seguridad jurídica que vive Ecuador”. “Los ciudadanos somos los grandes perdedores de este triste y pueril juego de la política”.

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Un llamado de atención

Para la concejal Analía Ledesma, la sentencia podría servir como un llamado de atención por parte de la ciudadanía a los “oídos sordos” de las autoridades; por ejemplo, en la baja ejecución de ciertas empresas municipales. Sin embargo, advirtió que “una eventual remoción genera nuevamente una inestabilidad total en la administración del Cabildo”.

Fidel Chamba considera que con el proceso, los quiteños tienen la oportunidad de juzgar si el alcalde ha hecho obras o no en la capital. Recordó que desde el inicio de su gestión ha cuestionado la ejecución presupuestaria y su postura siempre será en defensa de que los recursos sean bien administrados. “Siempre lo he dicho: los funcionarios que no tengan la capacidad de ejecutar los presupuestos tienen que ser separados de los cargos”.

“Sea tolerante y deje que el proceso democrático siga el curso que ustedes mismos establecieron en las leyes que nos han impuesto. Muchos experimentos se les han convertido en un bumerán”, escribió el concejal Michael Aulestia en su cuenta de X, luego de que Pabel Muñoz tachó de ‘mamarrachos’ a quienes siguen con el proceso.

De su parte, el edil Andrés Campaña manifestó que los procesos de revocatoria son el reflejo de una ciudadanía empoderada y añadió que los quiteños se podrán expresar en las urnas en función del progreso de la capital.

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