Quito

Verónica Cevallos, presidenta de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha.
Verónica Cevallos, presidenta de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, enseña carpetas con pedidos de información entregadas.Franklin Jácome.

San Antonio de Pichincha: Polémica por manejo de predio y denuncias contra el GAD

La presidenta de la parroquia descarta denuncias de un abogado

El debate sobre el convenio de administración y utilización de áreas de uso múltiple, de un predio de 4.045,84 m2, provocó que se hable sobre denuncias de supuestos malos manejos en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de San Antonio de Pichincha, una parroquia del noroccidente de la capital, conocida por la Mitad del Mundo.

Finalmente, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó que ese GAD pueda administrar y usar ese espacio, que se encuentra en el barrio Santo Domingo Alto, por un plazo de 10 años. 

¿Cuál es el motivo de la polémica?

Pero, ¿qué ocurre en San Antonio? Desde el 11 de junio solicitó a la Administración Zonal La Delicia, le permitan usar legalmente el lugar. Requería esa aprobación para acceder a un presupuesto de 180.000 dólares de la Prefectura de Pichincha. El objetivo, comentó Verónica Cevallos, su presidenta, es la construcción de la cubierta del espacio que ocupan alrededor de 400 jóvenes, en actividades deportivas; y unos 200 adultos mayores, en bailoterapia.

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Sin embargo, en el pleno del Concejo, el edil Michael Aulestia pidió que se trate este tema luego de las elecciones de febrero de 2025. Mientras que la concejala Cristina López señaló que le han llegado denuncias por irregularidades en contrataciones por parte del GAD, que ya están en Contraloría.

Algo similar mencionó el concejal Wilson Merino. Frente a las denuncias, el alcalde Pabel Muñoz comentó que no son el órgano de fiscalización de una junta parroquial y recordó que a sus vocales les corresponde esa tarea. Además, que esperaba que se pronuncien las entidades de control pertinentes.

¿Quién denuncia?

Las denuncias han sido presentadas por el abogado Jairo Lalaleo Valencia, quien envía oficios a Mauricio Torres, contralor General del Estado. Le dice que hay irregularidades en las obras para la intervención de los parques Tanlahua, Calistenia, Central, Rumicucho y el mantenimiento de la calle 13 de Junio.

En su denuncia señala que las proformas de los dos oferentes hacen referencia a pagos del rubro ferretería, “con valores que se alejan de la realidad”. Dice que el Consorcio Parques del GAD necesita 772 m2 de césped sintético tipo B. Por cada m2 deberían pagar 13,20 dólares y 15,50 dólares, respectivamente. En total, más de 10 mil y más de 11 mil dólares.

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Mientras que en la otra ferretería, según Lalaleo, solo USD 2.574. “Hay un sobreprecio de 7.616.40 dólares”, menciona.

En entrevista con EXPRESO, Lalaleo señala que fue abogado de Fernando Balda, en el 2018 y que vive en San Antonio de Pichincha, que considera es un “fortín del correísmo”. Asegura se falsifican proformas para, supuestamente, beneficiar a terceros. Se queja porque asegura que ha pedido proformas de 34 procesos desarrollados y solo le entregaron uno.

¿Cómo reacciona la presidenta?

Al respecto, este medio entrevistó a Verónica Cevallos, presidenta del GAD, quien afirma que Lalaleo y su hermana tienen intereses políticos en su denuncia. Sobre el césped sintético responde que no se toma en cuenta el costo por la colocación y la necesidad de construir planchas de cemento. Además anota que está abierta a cualquier auditoría. Y comenta que al abogado le ha respondido 19 solicitudes de información, la mayoría por temas sucedidos entre el 2015 y 2019, en otras administraciones.

También Cevallos dice que, cuando se posesionó, encontró 740 carpetas en una bodega del GAD y que no hubo un proceso de transición, para conocer qué contienen. Sin embargo alega que al abogado Lalaleo le ha entregado “más de 7.000 documentos, con respaldos”.

Además, Cevallos comenta que Lalaleo les ha colocado ocho denuncias a ella y otras a su equipo cercano. La presidenta manifiesta que ella decidió solicitar medidas de protección a la junta cantonal porque era insultada en redes, incluso habla de que con sobrenombres relacionados con el trabajo de su madre. Pide revisar denuncias parecidas a las anteriores administraciones no solo de este sino de otros gobiernos autónomos.

En cuanto a otra denuncia de que esta junta cobra a comerciantes, que son parte de ferias, en la temporada navideña, este medio recorrió la zona. La dirigente de los vendedores señaló que ellos se organizan y piden una cuota para alquilar carpas, entre otras cosas. Se negó a brindar una entrevista formal al respecto, para no ser grabada.

Alrededor de 50.000 habitantes tiene esta parroquia del norte de Quito, en donde se encuentra la Mitad del Mundo.

La vicealcaldesa Fernanda Racines pidió: "Revisen los procesos de violencia política en contra de la presidenta. Es una persecución, una red de personas que tratan de extorsionarla y ha entrado la Fiscalía".

El alcalde Pabel Muñoz aseguró que el Concejo Metropolitano no es el órgano de fiscalización de una junta parroquial. Eso les corresponde a sus vocales. Las denuncias deben ir a los órganos pertinentes.

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