Registran 22 denuncias por la afectación de generadores en Quito

Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce horas diarias de apagones. La crisis energética ha ido creciendo con el paso de los días, y el fin de estas jornadas de oscuridad no se ve cercano.

Por el contrario, se ha agravado paulatinamente y cada vez son más los negocios, oficinas, edificios y viviendas en los que se han instalado equipos de distinta índole, como los generadores eléctricos, para garantizarse la provisión de energía por el mayor tiempo posible.

Estos son los problemas que ocasionan los generadores 

Sin embargo, los generadores traen consigo problemas de contaminación que afectan la convivencia ciudadana.

A pesar de que todos los habitantes de la ciudad están conscientes de que estos equipos son necesarios para que los negocios puedan abrir y continuar ofreciendo sus productos y servicios y así preservar el empleo, la tolerancia al ruido y a los gases que emanan los aparatos de energía es cada vez menor.

Con apagones cada vez más prolongados, los generadores se han vuelto una constante en empresas, locales comerciales y hogares; pero también la contaminación ambiental y sonora va en aumento, lo cual genera conflictos entre las personas.

Las quejas, que se exponen en videos de redes sociales, también han llegado hasta las autoridades municipales.

La Secretaría de Ambiente dice que actúa de dos maneras: hace controles por denuncias ambientales o por su propia cuenta y se organizan a través de las administraciones zonales.

Denuncias registradas

De acuerdo con Rosa Fonseca, directora metropolitana de Regularización, Control y Seguimiento de la entidad de Ambiente, desde el 18 de septiembre, cuando se agudizaron los racionamientos, han atendido 22 denuncias de afectaciones por generadores eléctricos. De ellas, 15 han sido de carácter residencial y siete relacionadas con actividades económicas.

En esos casos, dice la funcionaria, se realiza una inspección técnica para verificar lo que está pasando. En función de la actividad económica (si son clínicas, centros comerciales, estaciones de servicio, etc.) y de cómo se encuentra el sitio, la entidad da un plazo de 20 días para que se tomen acciones correctivas con respecto a factores como ubicación del generador, niveles sonoros u horas de funcionamiento, por ejemplo.

Sin embargo, sobre este tema hay un problema en la actualidad, pues la norma ambiental nacional fue diseñada por el Ministerio del Ambiente y, según explica, fue desarrollada para las actividades comunes. Es decir que solo se planteaba para su uso en emergencias y no se preveía que esta crisis ocurra en el país. Por ello, la regla establece su uso solo por 150 horas.

Con respecto a la normativa de ruido hay mayor claridad, pues esta especifica decibeles y, en ese caso, la autoridad municipal solicita a los propietarios de un generador la insonorización del equipo.

Cuando se trata de condominios y residencias, el personal de la Secretaría acude junto al Cuerpo de Agentes de Control, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la administración zonal correspondiente, para que los vecinos conozcan las reglas que establecen las normas técnicas de arquitectura y urbanismo, y orientarlos sobre el buen uso y la ubicación de los generadores.

La AMC señala que no emite sanciones por ruido ni contaminación sin un informe de Ambiente. Tampoco ha iniciado ningún proceso sancionatorio en lo que va de la crisis.

Sí puede sancionar en caso de mal uso del espacio público, salvo que se haya tramitado un permiso para colocar un generador en esa zona.

La normativa que aplica para el caso de los generadores es la Ordenanza Metropolitana 072, que establece una infracción leve por uso indebido del espacio público. La multa en ese caso es del 50 % de una remuneración básica ($ 230).

La misma norma también dispone sanciones por exceder los límites máximos permisibles de ruido, excepto en situaciones de emergencia, con base en el grado de afectación e impacto ambiental. La multa varía entre dos y ocho remuneraciones.

¿Qué dicen los concejales?

La concejala Estefanía Grunauer, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente del Concejo Metropolitano, señala que lamentablemente no existen definiciones claras desde el Ejecutivo para saber el alcance de la emergencia eléctrica, pero que los problemas podrían extenderse hasta febrero, cuando se estima que volverán las lluvias.

Menciona que una de las pocas facilidades que ha dado el Gobierno ha sido eliminar los aranceles, lo cual ha hecho que se multipliquen los generadores en la ciudad.

La edil agrega que el uso de generadores domésticos no está regulado porque su aporte a la contaminación es mínimo y por ello no hay ni siquiera legislación nacional al respecto, pero el problema es el uso masivo, que está dando ya señales de alarma en Quito.

Grunauer cita un estudio publicado por la UDLA que arrojó datos negativos. “Los niveles de monóxido de carbono se han duplicado. Existe un incremento del 38,8 % de las concentraciones de dióxido de nitrógeno. Pero lo más preocupante es que el dióxido de azufre, gas altamente nocivo, se incrementó en un 180 %”.

Desde su rol en la Comisión de Ambiente, Grunauer solicitará una comparecencia con datos municipales respecto al tema de la calidad del aire y también sobre el ruido. Adelanta que pedirá a las autoridades correspondientes proponer una resolución que permita una convivencia armónica ante esta emergencia, que está lejos de resolverse.

Sin embargo, recalca que “estamos ante un dilema que es consagrado en la Constitución, que es el de garantizar los servicios públicos, como es la energía. Hay que pensar en los hogares con personas de grupos vulnerables que no pueden quedarse sin energía porque es una cuestión de vida o muerte”. 

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