Deliverys y motos en la mira: concejales exigen retomar debate de regulación en Quito
El proyecto para la legalización y control del servicio de entregas a domicilio pasó el primer debate en julio de 2024
En Quito, el 54,56% de los delitos se cometen en moto. Según datos de la Fiscalía, desde el 1 de enero hasta el 25 de marzo de 2025, se registraron 526 casos que involucran a un automotor, en 287 de ellos participó una motocicleta.
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Gran cantidad de los delitos involucran a dos hombres que circulan en una moto y, en otros casos, se hacen pasar por repartidores de delivery. A inicios de este mes se registró un hecho en el sector de Iñaquito (norte) que alarmó a las personas que circulaban por la zona.
Un motorizado que llevaba una mochila de delivery se estacionó afuera de un negocio con la intención de robar. Sin embargo, un policía lo venía siguiendo y le dijo que se aparte del vehículo. Cuando el uniformado se acercó, el hombre sacó un arma y disparó al agente. El sospechoso huyó del lugar.
Con el fin de combatir o mermar los delitos que se ejecutan con este tipo de vehículo, en julio de 2024, el Concejo aprobó la ordenanza que prohibe la circulación de dos o más personas en una motocicleta en la capital, bajo ciertas excepciones.
Pero también, el alcalde Pabel Muñoz hizo otra propuesta para regular el servicio de delivery. Ese mismo mes, el Concejo Metropolitano conoció la iniciativa que pasó el primer debate, sin embargo, ocho meses después, el segundo y que sería el definitivo debate no se ha dado hasta la fecha.
La concejal Analía Ledesma recuerda que en 2020 ya presentó una iniciativa para regularizar la actividad económica del servicio de entregas a domicilio que, finalmente, no se trató. En la administración actual, Muñoz planteó otra iniciativa que finalmente se unificó con la de la edil y el texto pasó el primer debate.
Propuesta en la Comisión de Movilidad
“Como la norma lo establece, la propuesta regresó a la Comisión de Movilidad y desde entonces reposa en el olvido, mientras la ciudadanía no tiene seguridad al usar este servicio. Por otro lado, los ciudadanos que se dedican a esta actividad tampoco cuentan con un respaldo laboral”, dice Ledesma.
En días pasados, la funcionaria envió un oficio de insistencia a la Secretaría del Concejo para que la mesa de Movilidad ponga en conocimiento de los concejales y el alcalde y se apruebe en segundo debate.
“Confiamos que independientemente de la normativa legal vigente, la Comisión de Movilidad haga su trabajo y entienda que es una urgencia para la ciudadanía contar con una norma que regule el servicio de deliverys”, recalca la concejal.
EXPRESO se comunicó con el despacho de la edil María Fernanda Racines, quien preside la Comisión de Movilidad, para conocer los avances de proyecto, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo una respuesta.
¿Qué dicen los gremios?
Desde el lado de los gremios también surgieron diversas preocupaciones cuando se trató el proyecto. Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (Asoconappe), se refirió a las inconsistencias que tienen preocupado al sector. Una de ellas es la creación de un registro de deliverys que incluye un pago anual.
El proyecto de ordenanza establece que las personas naturales que aspiren a ser habilitadas deberán llenar un formulario de solicitud con varios requisitos. Una vez realizado el proceso, de acuerdo con el planteamiento, en ocho días se emitirá un certificado de registro de prestadores y la credencial, que incluirá un código QR, el cual constituiría la habilitación para el desarrollo de la actividad.
Garcés cuestionó que se plantee un costo, tomando en cuenta que quienes se dedican a la actividad viven situaciones de vulnerabilidad, sin un salario digno. Además, le surge la interrogante de si en el plazo de ocho días, hasta la entrega de credencial, podrán o no trabajar.
Carolina Hevia, representante del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador, recalca que no se oponen a una regulación ni control. Sin embargo, cuestiona que solo a los deliverys se les imponga requisitos y sanciones, mientras que a las plataformas no, debido a que no están constituidas en el país.
Ambas organizaciones hicieron observaciones que, aseguran, no fueron tomadas en cuenta. Ahora están a la espera de ser convocados para continuar con las mesas de trabajo.
Garcés recordó una carta que envió hace casi un año a los integrantes de la Comisión de Movilidad, expresando su negativa al proyecto. “¿Cómo se pretende abordar de manera adecuada la inseguridad y los conflictos de movilidad relacionados con el servicio de delivery sin considerar las responsabilidades de las empresas que lo ofrecen?”, cuestiona.
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