Resolución otorgó protección indefinida a los bienes patrimoniales de la ciudad
Los inmuebles de la urbe también se catalogarán en el sistema nacional.
Buenas noticias. Así explicó la aprobación de la Resolución 114 la concejala de la ciudad Luz Elena Coloma.
Esta, titular de la Comisión de Áreas Históricas, señaló que la normativa extiende la protección de los siete mil bienes patrimoniales de la capital bajo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), situación que hasta el año pasado no se había podido concretar.
Esto, tras que en 2016 se expidiera la Ley Orgánica de Cultura, que reorganizó las competencias sobre el patrimonio y reconociendo solamente el inventario tabulado por el sistema de nacional.
La situación, explicó la funcionaria, puso en riesgo el patrimonio de la capital “durante casi cuatro años, ya que los inmuebles patrimoniales de la ciudad solo estaban en el inventario municipal y no en el nacional”.
El año pasado, por pedido del Cabildo, el INPC resolvió proteger transitoriamente algunos inmuebles, registrado solamente en el inventario del Instituto Metropolitano de Patrimonio, por un periodo transitorio de dos años, tiempo en el cual se debía elaborar un expediente para cada inmueble. De no hacerse, este perdía el carácter patrimonial.
“El problema vino desde antes de 2016, porque la ciudad estaba trabajando en el proceso más importante de planificación de finales del siglo veinte, denominado el ‘Plan Quito’, que se aprobó como ordenanza en 1981, que incluyó los mapas donde estaban definidas todas las áreas y edificios patrimoniales en esa época. Sin embargo, faltaba concederles la categoría jurídica de bienes patrimoniales del Estado y conservarlos de acuerdo a los lineamientos de la Unesco, por lo que tenía que haber una declaratoria por parte del INPC”, dijo Coloma durante la sesión del concejo metropolitano.
La actual resolución implica que el catálogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio ingresará al inventario del sistema nacional, y que los bienes ingresados tras su catalogación estarán a salvo de manera permanente de perder su estatus de bien histórico.
El siguiente paso para la comisión, de la mano del IMP será notificar a todos los propietarios de los predios patrimoniales de la resolución, inscribir la categoría de cada uno en el Registro de la Propiedad de la urbe, y finalmente lograr la migración de cada uno desde el sistema municipal al nacional.
El arquitecto experto en patrimonio Daniel Correa explica que, aunque este pareciera tan solo un trámite administrativo, este permitirá facilitar el proceso de conservación.
“Sin la declaratoria, el propietario no recibe ningún tipo de beneficio o ayuda para su intervención en caso de necesitarlo, lo que significa que obras o reparaciones se harán sin el tratamiento correcto. Esto también impide que estos se derriben o alteren significativamente. Es un triunfo”.
