La seguridad en el Valle: Un desafío en los conjuntos habitacionales

Hace unos meses, gracias a las cámaras del circuito cerrado y a la acción de un guardia de seguridad que se comunicó con el ECU-911, la policía atrapó a un individuo que pretendió ingresar por uno de los muros del conjunto Santa Lucía, en Cumbayá, en la noche. En su mochila había un machete, una linterna de shock eléctrico y más implementos para romper cercos.

Por eso, la noticia de que los cortes de energía eléctrica dispuestos por el Gobierno Nacional serían a partir de las 22:00, hizo que sus habitantes se inquieten y reaccionen rápido. En 1996, Alois Speck fue uno de los primeros en instalar uno en el conjunto residencial, en donde hay más de cien casas.

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Acciones que toman los vecinos para protegerse 

Aunque no es parte de la directiva actualmente, Speck suele estar pendiente de las necesidades. Así que el pasado lunes, junto a la administradora, Nancy Bravo, revisaban el funcionamiento de las cámaras de seguridad, a través de las que se monitorea lo que ocurre en las calles vecinas. También del cerco eléctrico y las alarmas.

Ambos se aseguraron de que nada deje de funcionar durante los apagones. Cuentan con un generador eléctrico, que les permitirá mantener en funcionamiento sus dispositivos de seguridad. Hace 30 años no contaban con el cerco eléctrico ni sensores de movimiento, por lo que un delincuente logró ingresar a una vivienda. El final fue propio de una historia de Netflix, recordó Speck. “La dueña le lanzó una aspiradora y lo noqueó”, pero ahora intentarlo sería peligroso.

En Tumbaco, en otro conjunto cuyo nombre sus habitantes prefieren que se mantenga en reserva, disponen de focos y reflectores solares en puntos estratégicos. Además cuentan con un sistema de ‘back up’ o respaldo eléctrico, que garantiza que la cerca, las cámaras, la alarma y las puertas no dejen de funcionar en medio de los apagones.

La tecnología une a los vecinos 

El presidente del conjunto, Vinicio, contó que en el lugar viven 49 familias, alrededor de 150 personas. Desde enero están conectados a la alarma comunitaria Arenal, que se acciona a través de teléfonos celulares.

En la visita de EXPRESO, el directivo la probó y durante un minuto se escuchó el intenso sonido de la alerta. La policía lo contactó para saber qué ocurría.

La vicepresidenta contó que son parte de un grupo de WhatsApp llamado ‘Chat SOS Tumbaco’, que surgió en el 2019 durante las protestas, como medida de protección. Eso les permite estar unidos e informados sobre actividades sospechosas. Si no está disponible la policía, los vecinos hacen rondas.

“En esta semana, un tipo salió con su carro y pasó encima de una moto, atropelló perros y a una persona. La policía les informó que era un hombre que había peleado con su esposa”.

En Tumbaco y Cumbayá, algunos moradores han contratado servicios de seguridad privados, como el de Control Risk. Su gerente, Pablo Revelo, contó que hacen rondas en camionetas y motocicletas, las 24 horas del día. Desde el anuncio de apagones nocturnos, les han pedido reforzar el patrullaje. Si alguien debe ir al aeropuerto, por ejemplo, ellos los acompañan por la Ruta Viva o la Intervalles.

Marco Veintimilla, de la Junta Cívica del Valle del Ilaló, dice que ha notado que en los conjuntos de Tumbaco y Cumbayá se ha despertado el sentido de solidaridad. También que personas que no se conocían han buscado trabajar juntas. Insiste en que esas acciones se podrían mejorar si se les permitiera separarse en un nuevo cantón.

El concejal Michael Aulestia recordó que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) atiende a tres provincias y que no es una dependencia del Municipio, por lo que no pueden coordinar los horarios de cortes de luz.

Sobre las dificultades que ocasiona la falta de energía para que se activen alarmas y cámaras de circuitos cerrados, aclara que la competencia de seguridad es del Gobierno. Pero cree que sí deben reflexionar sobre cómo usar los recursos que recaudan de la tasa de seguridad. “Se han comprado vehículos y motos para la Policía Nacional y se han entregado Unidades de Policía Comunitaria rehabilitadas; algunas están desocupadas. Necesitamos mantener una conversación amplia, para focalizar y que esas inversiones lleguen al tejido social”.

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