Setenta y tres barrios del distrito buscan legalizarse

Como la culminación exitosa de una lucha que empezó hace cuarenta y cinco años ve Eduardo Velasco, dirigente barrial de San Carlos del Sur, la pavimentación de la calle S19 Mindalae.

“Nos sentimos muy dichosos. Al fin es una realidad. Antes no había transporte o facilidades de ingresar, eran solo baches, teníamos que volver a colocar las piedras para que puedan pasar los autos”, dijo.

El hombre y otras 245 familias se asentaron en este sector, ubicado junto a la avenida Simón Bolívar a mediados de los años setenta. La mayoría eran migrantes de otras zonas de la serranía y desde su llegada pelearon por legalizarse y obtener servicios básicos.

“Para nosotros todo ha sido cuesta arriba. La luz, el agua. Ahora somos más de cuatrocientas familias y recién estamos consiguiendo lo mínimo para vivir decentemente”, reflexionó Ermelinda López.

Pero la realidad de este barrio es uno que se extiende por todo el Distrito Metropolitano de Quito, pues tan solo el año pasado ciento cuarenta y tres asentamientos entraron a un proceso de regularización.

“Es difícil precisar cuántos asentamientos en Quito no están legalizados, porque todos los días nos llegan solicitudes, y no todas cumplen los requisitos. De las que se identificaron el año pasado, sesenta y tres han recibido su respectiva ordenanza y títulos de propiedad y otras setenta y tres están en proceso de tratamiento y debate en el concejo metropolitano”, señaló Paúl Muñoz, director ejecutivo de la Unidad Especial Regula tu Barrio.

La semana pasada, dieciocho de estos barrios, la mayoría ubicados no en la periferia, sino en las zonas altas de las parroquias de Calderón, Eloy Alfaro, Quitumbe y La Delicia entraron a debate para obtener su ordenanza. Los cincuenta y cinco restantes se tratarán conforme avancen los meses.

Este año, explicó el funcionario, otros sesenta y tres asentamientos entrarán al proceso.

“Como parte del Plan Metropolitano de Priorización para la Regularización Barrial, ese es el monto mínimo de los procesos que debemos trabajar anualmente. Al momento alistamos el plan anual junto a la secretaría de Territorio, por lo que aún no está definido con qué asentamientos empezaremos”, señaló.

El arquitecto y catedrático Andrés Merino describe el trabajo de legalización barrial como “arar en el mar”.

“Hay sectores ya consolidados que no pueden ser evacuados o reubicados, es cierto. Pero también hay nuevos asentamientos que deben controlarse por el bien de un adecuado crecimiento urbano. Sin un plan integral, sin vivienda popular y accesible, Quito continuará llenándose de asentamientos donde difícilmente llegarán los servicios básicos y hacia donde no se podrá trazar una vialidad responsables”, comentó.

Con él concordó el expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Handel Guayasamín, quien en una entrevista previs indicó que las últimas administraciones han trabajado sin una adecuada planificación urbana, y sin trazar cómo debería ser el desarrollo a futuro.

“No se previeron las arterias fundamentales para los espacios que esta población requiere”, subrayó. Añadió que en las zonas hacia donde ha crecido Quito, no se ha reservado zonas para el espacio público o la accesibilidad del transporte.

“Una de las consecuencias es que todo el sistema de accesibilidad vial tuvo que acomodarse en los antiguos caminos vecinales, como la vía a Guápulo, lo que dificulta el transporte público, que utiliza el 80 % de los ciudadanos”, señaló.

Pero no todos los asentamientos que lo solicitan pueden regularizarse, estableció Muñoz. “No trabajamos con asentamientos ilegales. Los interesados deben justificar la propiedad territorial ya sea por herencia, compra, lo que sea. También deben haber ocupado sus predios por al menos cinco años, contar con la consolidación del 35 % de la zona y al menos once lotes”.

Adicionalmente, tras la presentación de estos requisitos, los estudios de factibilidad deben determinar que el sitio no esté en zonas riesgosas o que choquen con el trazado vial.

Desde fines de 2019, veintiocho asentamientos han sido denominados como de alto riesgo y han requerido obras de mitigación para ser legalizados.