La situación del Cubeto 10 genera polémica y silencio

“A fines de marzo, cuando aún estaba en proceso de entrega el Cubeto 10, una comitiva de trabajadores manifestó ante el Comité de Empresa que había problemas con la construcción, sobre todo en la dificultad para maniobrar en el sector de descarga de los camiones de desechos”, expresó Pablo S., trabajador de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), quien prefirió la reserva de su nombre.

Semanas después, y tras que el Comité enviara un documento con cuestionamientos sobre la edificación del espacio de descarga de residuos, que se construyó a fines de 2020, hubo una respuesta, pero no la que esperaban.

La entidad emitió una ‘Política de Confidencialidad’ que prohibía a empleados y exempleados “violar secretos empresariales” y que solicitaba mantener la más estricta confidencialidad relacionada con las actividades y funciones que estos realizaban.

“Nuestros pedidos de inspección no eran en vano, porque además de la estrechez del área de maniobra para la descarga, y del ingreso forzado que deben hacer los tractocamiones, también cuestionamos el derrumbe de un talud en el lado suroriental del cubeto, que se debe a su cercanía con la piscina de lixiviados 17 y que ya presentaba filtraciones en la geomembrana”, dijo Wilmer Ati, secretario del gremio.

Ahí nació la idea de llevar las quejas ante el concejo metropolitano, que la semana pasada solicitó un examen especial del proceso de contratación de la estructura -realizada por la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop)- a la Contraloría General del Estado. También se aprobó una inspección técnica del cubeto a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (ver subnota).

Aun así, Ati explica que tienen otras preocupaciones, entre ellas el déficit de $ 5 millones que tiene la empresa y el nivel aumentado de seguridad al ingreso de las piscinas de lixiviados en el lugar.

“El documento donde se nos indicaba que había que ‘guardar los secretos empresariales’ fue derogada el 14 de mayo, cuatro días antes de que nos reciba el consejo, pero hay temas que necesitan transparencia, como el hecho de que se pusiera a un guardia para evitar el ingreso de los trabajadores a las piscinas de lixiviados, cuyo tratamiento ya tuvo cuestionamientos”, agregó en una entrevista con un medio local.

Efectivamente, así fue, pues a fines de 2020, el Ministerio de Ambiente y Agua anunció un proceso administrativo contra la Emgirs por no cumplir con los parámetros para el tratamiento adecuado.

Frente a las críticas, la gerenta de la Emgirs, María José Dávila, defendió la adjudicación de la construcción del Cubeto 10 a la Epmmop, señalando que el proceso previo vino plagado de problemas.

“Cuando asumí la gerencia de la Emgirs, el relleno se encontraba en una emergencia sanitaria, sin espacio dónde poner la basura y sin un cumplimiento de la normativa ambiental (...) La licitación, tal como estaba planteada, databa de 2016 y en los parámetros no se consideraban las vías de acceso, no se tomó el peso de los tractocamiones, el tipo de bomba para la piscina de lixiviados, y más, por eso se dio de baja el proceso”, comentó durante su intervención al concejo.

Con respecto a las dudas presentadas, la funcionaria indicó que el proceso no se dio de baja totalmente porque hacer un nuevo estudio y un nuevo proceso de contratación habría demorado los tiempos de aprobación hasta al menos abril. “Eso habría significado que hasta ahora la ciudad de Quito no tendría dónde depositar los residuos sólidos que produce”.

EXPRESO solicitó a la entidad una entrevista para obtener más información sobre la situación del cubeto y su fiscalización, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En la página web de la Emgirs, la entidad publicó un comunicado con respecto a la Política de Confidencialidad, señalando que el documento era válido para “proteger la imagen del la Emgirs como persona jurídica de derecho frente a la información no comprobada, inexacta o maliciosa”, pero que se dejó sin efecto para “ponderar el diálogo y el clima laboral”.

Este Diario también solicitó datos sobre la fiscalización del Cubeto 10 y su estado previo a la entrega a la Epmmop, pero tampoco hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Quince días tardará el informe de los expertos

Tras una reunión previa para establecer los parámetros de la inspección del Cubeto 10, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha alista el proceso. Así lo indicó Sigifredo Aldás, titular del gremio.

“Estamos en espera de que se nos ratifique de forma oficial para empezar. Al interior del colegio tenemos la Comisión de Interés Local, en los que tratamos temas en relación de la ciudad. Cuando nos designen, vamos a trabajar desde esta comisión con profesionales especializados en el área sanitaria y ambiental”, explicó.

Indicó que al momento han visto documentos previos con respecto a la edificación del Cubeto 10, en los que supuestamente habrían inconsistencias.

“Nos han manifestado que hay incongruencias, y eso lo deberemos comprobar ya en el sitio. No haremos observaciones sin ese análisis, porque nuestra responsabilidad es técnica, no caemos en el campo de lo político”, dijo.

Aldás estima que, tras la ratificación, el proceso de inspección tomaría en promedio de quince días.