Sostenibilidad en riesgo: el bajo costo del agua en Quito plantea desafíos
Expertos indican que las tarifas actuales no son sustentables Las planillas en Quito son más baratas que en otras ciudades
En Quito, los hogares gastan en promedio $13.27 mensuales por el uso de agua potable; una cifra que en noviembre entró a debate tras que el Concejo Metropolitano aprobara un exhorto al alcalde Pabel Muñoz para que, “a través de las entidades competentes, realice un diagnóstico que, entre otras cosas, permita identificar la posibilidad de la implementación a través de una ordenanza, el cobro con tarifa diferenciada sobre el pago de agua potable” en la ciudad.
La medida, impulsada por el concejal Adrián Ibarra, busca una “real diferenciación de tarifas para el consumo del agua potable” y establecer diferencias para que “quien más consume o desperdicie, pague más”.
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No es la primera vez que Quito debate el costo del agua, cuyas tarifas el alcalde llamó “ridículamente baratas” con relación a otras ciudades del país.
En 2022, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) propuso un ajuste de tarifas de agua potable y alcantarillado para cubrir los costos reales de operación, mantenimiento y futuras inversiones aduciendo que las actuales, congeladas desde 2008, no eran sostenibles.
Bajo costo del agua en Quito: un desafío
Este no fue aprobado, pero dejó las cifras claras: producir un metro cúbico de agua en la capital cuesta $1,02, pero se cobra entre $0.31 y $0.72 por cada metro cúbico consumido.
Frente a ello, la Epmaps proponía dividir el consumo en cuatro rangos para las zonas residenciales, con tarifas al alza hasta $0.85 para quienes más consumían, y establecía bloques de consumo para las zonas no residenciales hasta de $ 1.25.
Frente a urbes como Guayaquil, Cuenca, Loja y Manta, el costo del agua en la capital sí es más económico.
En Guayaquil, el monto más bajo que pagan los usuarios es de $ 0,34 por metro cúbico de agua, mientras que en Cuenca, que subió sus tarifas a inicios de 2024, el monto más económico es de $ 0,60. Así mismo, Manta cobra un monto mínimo de $ 0.50, mientras que Loja lo hace a $ 0.34.
Sin embargo, el debate por la posible revisión de la tarifa no fue bien recibido por todos los ediles. Ocho de ellos votaron en contra de la propuesta, considerando que la situación económica que atraviesa el país no es viable con un aumento.
Para la ingeniera Pamela Amaluisa, especialista en finanzas públicas y proponente de la revisión de tarifas en Puyo, la decisión de establecer nuevos montos que se acojan a la sostenibilidad debería responder únicamente a criterios técnicos, y no políticos o sociales.
“La principal problemática en varias ciudades del país, entre ellas Quito, radica en que las inadecuadas tarifas de agua potable y alcantarillado establecidas no le permiten a las empresas de agua potable y saneamiento generar rentabilidad financiera y mantener una conveniente sostenibilidad económica que responda a los gastos de administración, operación y mantenimiento necesarios para dar un mejor servicio. La decisión de no aumentar los montos no es técnica, sino que responde a temas políticos”, afirma.
El informe ‘Políticas regulatorias y tarifarias en el sector de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe’ elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que si bien los costos del agua en el país (y la ciudad), están dentro del promedio regional, estos “no son costo-efectivos” y “no permiten recuperar los costos reales de la prestación”.
EXPRESO solicitó una entrevista a las Epmaps sobre los montos necesarios para alcanzar la sostenibilidad, pero esta no se concretó hasta el cierre de esta edición.
Casos de éxito en la región
El informe ‘Panorama de las tarifas de agua en América Latina y el Caribe’ elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la región falla a la hora de establecer tarifas del agua potable que correspondan adecuadamente al consumo y a la preservación de recursos, indicando que: “Dada la baja elasticidad precios y la falta de esquemas que penalicen los altos consumos... comprometen seriamente el logro de criterios vinculados a la eficiencia asignativa y productiva a largo plazo”.
Pese a ello, sí hay casos de éxitos en la región. Bogotá es uno de ellos.
La ciudad colombiana implementó este año la estratificación diferenciada, con penalizaciones para quienes exceden el consumo regular de agua. En septiembre, 24.977 usuarios que sumaban un consumo excesivo de 450.450 metros cúbicos de agua, el equivalente a 133 piscinas olímpicas, pagaron las penalizaciones.
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