¿Qué es la tercera placa en Quito y por qué genera polémica?
Se busca que los controles sean más rigurosos y reducir la congestión vehicular
En marzo de 2025 está previsto que en Quito se implemente la 'tercera placa'. Se trata de un dispositivo que utiliza tecnología de ondas de radio para identificar vehículos de manera eficiente y a distancia. El dispositivo se colocará en el parabrisas del vehículo luego de ser matriculado.
Según el Municipio, el TAG permitirá a las autoridades verificar información como la titularidad del auto, los pagos de matrícula y el historial vehicular. También servirá para automatizar el control del Pico y placa.
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Leer másEntre los objetivos de la 'tercera placa' están que los controles sean más rigurosos, así como sancionar a quienes incumplan la normativa y reducir la congestión vehicular.
Preocupación por la privacidad
Según el Municipio, el TAG solo almacenará información básica sobre el vehículo, como el número de placa y chasis y algunas características del mismo, lo que garantizará la seguridad y privacidad de los datos.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) será la responsable de gestionar la base de datos, y solo los puntos de lectura ubicados estratégicamente en el Distrito Metropolitano de Quito podrán acceder a la información necesaria para verificar el cumplimiento del Pico y placa.
El sistema también incluirá códigos QR como una capa adicional de seguridad, lo que evitará posibles hackeos o fraudes. Álex Pérez, secretario de Movilidad, señaló que la información de cada vehículo se mantendrá protegida bajo la normativa vigente de protección de datos personales, garantizando que solo se utilice para fines relacionados con la gestión del tránsito y la revisión técnica vehicular.
Sin embargo, en la ciudadanía existe preocupación sobre cómo se garantizará la fiabilidad del sistema y la protección de los datos.
En septiembre pasado, el alcalde Pabel Muñoz se reunió con representantes de la Superintendencia de Protección de Datos Personales y mencionó que es fundamental que los funcionarios sepan cómo tratar la información e interiorizar los conceptos de la ley.
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