Quito: Trámites y funcionamiento, los inconvenientes con las alarmas comunitarias

Para que un barrio cuente con alarmas comunitarias hay un requisito: tener un comité de seguridad que evidencie la necesidad de implementar el sistema.

Cuando el barrio esté organizado, debe solicitar por escrito al Municipio de Quito la conformación como comité, que se crea bajo un reglamento.

Los moradores del barrio Equinoccial, en la Mitad del Mundo, prefirieron no esperar a conformar un comité y optaron por adquirir las alarmas con dinero de su bolsillo.

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Guillermo Soria, parte de la directiva, comenta que se organizaron y, hace seis meses, cada vecino puso una cuota para comprar 20 alarmas. Gastaron 1.000 dólares.

Recuerda que hace siete meses se reunieron con un funcionario del Municipio, quien les explicó los pasos para que se coloque el sistema. Sin embargo, consideraron que llevaba mucho tiempo por lo que decidieron hacerlo por su lado.

“Eran muchos trámites y los tiempos no eran manejables para la situación que atravesábamos. Hicimos la compra y en 15 días ya las teníamos”, dice.

En La Mariscal, identificada como una de las zonas vulnerables al cometimiento del delito se colocaron, en abril de 2023, alarmas comunitarias.

Juan Fernando Rueda, morador del sector, recuerda que la entrega se hizo por todo lo alto. La novedad fue que, 45 minutos después de la instalación, ya no valían. “Están de adorno, hasta ahora no funcionan”, asegura.

Soria y Rueda coinciden en que estos sistemas son necesarios frente a la ola de inseguridad que vive la ciudad. Además, cuestionan, por un lado, que sean muchos trámites, y por otro, que cuando ya se instalen, no funcionen.

El tema de las alarmas comunitarias llegó al Concejo Metropolitano la semana pasada. 18 ediles aprobaron la resolución CDMQ-030-2024. Uno de los puntos controversiales fue el inciso F del artículo 4 que dice: “Para los Concejales y Alcalde: Instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde se encuentra ubicada su residencia, conectado al sistema de alarma comunitaria o de la Unidad Policial de su sector”.

En la sesión del 21 de mayo de 2024, un pedido de reconsideración del concejal Wilson Merino pretendía que se elimine el inciso. La propuesta fue sometida a votación: cuatro ediles se mostraron favorables a la propuesta y 13 se abstuvieron. Con el resultado se ratificó la resolución inicial.

“El Concejo ha decidido que haya dos tipos de barrios. El primero es donde viven el alcalde y los concejales que van a contar con recursos adicionales para enfrentar la inseguridad y los otros que quedan a la suerte de Dios”, sostiene Merino.

La edil Analía Ledesma votó a favor de la reconsideración y señaló que frente a la ola de violencia es necesario proteger a toda la ciudadanía. Añadió que “tiene que respetarse el orden para la instalación de alarmas comunitarias”. Para la funcionaria, la solución a la crisis de seguridad tiene que venir desde el Ejecutivo, “que el plan Fénix funcione de verdad”, mencionó.

De su parte, Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad, señala que se está “haciendo un show del tema”. Recalca que no hay prioridad para instalar alarmas comunitarias en los barrios de los concejales, sino que las que ya existen se van a anclar. Agrega que “van a estar en la cola de todos los usuarios. No nos vamos a saltar (el proceso)”.

También señaló que el punto sobre las alarmas fue incluido en el contexto de la prevención de los tipos de riesgos a los que pueden estar expuestas las autoridades. Recordó que en la resolución también se solicitó un informe actualizado sobre los efectivos policiales con los que cuenta la ciudad.

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, explicó que lo que se pretende es integrar las viviendas de los concejales a los puntos de alarma más cercanos, ampliando la cobertura de seguridad para toda la comunidad. Acotó que se deberá cumplir con los requisitos que todo ciudadano debe completar.

Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local EC, aclara que el Concejo no tiene capacidad de disponer ninguna acción ejecutiva, por lo que en función de un análisis de la demanda se levantan informes técnicos y se justifica la necesidad o no de implementar determinadas acciones. Estos insumos son trasladados al ente operativo y ejecutivo que es la Empresa de Seguridad.

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