El transporte escolar se somete a nuevas revisiones
Las clases inician en Quito y con ello la preocupación por los recorridos. Quienes ofrecen el servicio deben cumplir con nuevos parámetros de control.
El transporte escolar es parte estructural del sistema educativo. Y por ello está obligado a cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Educación. Pero además se somete a las exigencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para la circulación normal.
Y desde este año también deberá superar las visitas de la coordinación general de fiscalización de la AMT.
Según el coordinador de la entidad, Dennis Viteri, se revisarán tres parámetros. Será una verificación de todas las normas que debieron cumplir en trámites anteriores.
El primero será una inspección físico visual: infografía, logotipo de la cooperativa, capacidad de pasajeros, registros municipales visuales, listones en la parte lateral, el disco del pare que sea abatible y las placas legibles del servicio público.
El segundo aspecto será el chequeo de los documentos habilitantes tanto para la unidad como para el chofer.
Y el tercero, coordinado con el Ministerio de Educación, constará de la supervisión de documentos contractuales entre las cooperativas de transporte y las instituciones educativas.
“El plan está listo y lo aplicaremos con el inicio a clases”, indicó Viteri.
Él descartó controles sorpresas porque “es delicado hacer eso, ya que genera un impacto en los niños pequeños. El sentido es hacerlo de una manera mucho más amigable, entendiendo que son prestadores de servicios que ya cumplieron con todo eso previamente”.
Hemos tenido que buscar opciones para matricular los buses y ofrecer el servicio. Fue complicado cumplir con esos trámites, a pesar de que hay apertura.
Julio Jaramillo tiene un bus de transporte escolar. Él considera que esos controles son necesarios para evitar irregularidades. Él asegura que tiene todo listo, a pesar de que han sido años difíciles por la pandemia y la suspensión de clases por el último paro.
Jaramillo explica que además de lo mencionado por Viteri, hay otros factores de control: protocolo de bioseguridad, primeros auxilios y la contratación del seguro contra terceros.
El protocolo de bioseguridad fue modificado. Los buses ya tienen el 100 % de la capacidad y dejó de exigirse la toma de temperatura. Ahora solo es obligatorio el dispensador de gel y la mascarilla.
El seguro contra terceros se lo compra en 80 dólares anuales y es imperativo tener un botiquín de primeros auxilios.
También las unidades deben contar con kit contra incendio, salidas de emergencia con accesorios en el caso de necesitar romper el parabrisas y revisión de cinturón de seguridad instalado en cada asiento para todos los pasajeros.
Más allá del papeleo, igual deben cumplir con la revisión técnica vehicular.
Sobre eso, aclara Jaramillo, tendrán que hacerlo en los siguientes meses, ya que no hubo sistema hasta julio. “En el transcurso del año debemos presentar el certificado 2022 en las instituciones educativas. Está el respaldo de que el año anterior las unidades cumplieron con todo sin problema”, agregó.
Marco Carrera también tiene un bus escolar. Él cuenta que ha sido complicado cumplir con todos los trámites, sobre todo con la revisión y matriculación. “No hay turnos. Algunos compañeros han decidido presentarse en otros cantones para obtener el certificado. Solo así consiguen matricular sus unidades para prestar el servicio”, contó.
Él también valoró esa opción, pero decidió esperar hasta tener un turno en Quito.
Él acepta que esas exigencias son necesarias por la seguridad de los estudiantes, pero que significan varios gastos.
“Desde la pandemia hemos vivido momentos complicados, pero no podemos solicitar aumentos significativos para las cuotas del servicio. Existió un ajuste, pero fue bajo. No da para más”, concluyó.
