Transportistas esperan la decisión de la Corte

“Estamos en un Estado de derecho, ahora la competencia está en la Corte Constitucional (CC). Seremos respetuosos de la decisión y si tenemos que pasar (la revisión vehicular) en Quito, lo haremos”. Con esas palabras Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi), defendió la acción que tomó el gremio contra la Ordenanza 070, que obliga a que sus unidades sean revisadas solo en la capital.

Según el representante, la aprobación de la normativa por parte del Concejo es inconstitucional y va en contra de la Ley de Tránsito, que establece que la revisión técnica vehicular (RTV) se puede realizar en cualquier lugar del país. Insiste en que una ordenanza no puede estar sobre esa legislación.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada el pasado 26 de marzo y están a la espera de la audiencia. A la par, el gremio también solicitó una medida cautelar para que se suspenda la ordenanza y hay expectativa por la resolución. Esto porque hasta mayo se deberá emitir la normativa para su aplicación, requisitos y condiciones de esta revisión obligatoria.

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El mismo día que interpusieron la acción en la Corte, en la sesión del Concejo el alcalde Pabel Muñoz cuestionó la acción. “¿Por qué, si trabaja en Quito, no quiere hacer las revisiones en Quito?”, dijo.

Por ello pidió unidad y firmeza a los ediles y recalcó que, en el ámbito de sus competencias, la Alcaldía tiene todas las facultades para regularizar el transporte comercial y público.

Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran que en el 2022 solo el 13 % de los vehículos se presentaron a la revisión en Quito, el resto lo hizo en otros cantones. Mientras que hasta septiembre de 2023, una de cada cuatro unidades de transporte público cumplió el proceso en la capital.

Para la concejala Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad, la disposición que consta en la Ley de Tránsito ha provocado que 6 de cada 10 unidades de transporte público y comercial evadan la revisión en Quito.

Un caso reciente fue el del tanquero que se volcó e incendió en la avenida Simón Bolívar. El siniestro provocó un cierre vial de más de siete horas y el desgaste de la capa asfáltica. Muñoz aseguró que el vehículo no pasó las revisiones en la capital.

De su parte, Brunis insiste en que el fundamento para aprobar la ordenanza no es el adecuado. “Dijeron que por la cantidad de accidentes en el transporte público, pero no conocemos que haya un informe de la ANT”. Agrega que los altos índices de siniestros son por autos particulares. Cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en 2023 contabilizaron 232 siniestros viales en Quito en los que estuvieron implicados buses y que dejaron 29 fallecidos y 197 lesionados. Las dos causas más comunes de estos incidentes son el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad.

También menciona que habrá problemas para aplicar la disposición municipal por la limitada capacidad de los centros de revisión. Por un lado está la emisión de turnos, pues asegura que ya no hay disponibilidad. Por otro, sostiene que los dos establecimientos destinados al transporte público y comercial no abastecen la demanda, que supera los 40.000 vehículos, según el Cabildo.

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Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano de Quito, coincide en que la capacidad física de estos espacios es insuficiente. Además, afirma que muchos equipos ya cumplieron su vida útil y tampoco han sido homologados por la ANT.

Tanto Brunis como Yánez recalcan que no se oponen a la RTV en Quito. Lo que piden es que se solucionen los problemas que vienen arrastrando de administraciones pasadas y que se trabaje en una norma que regule todas las partes y piezas que son sometidas a revisión para que un vehículo circule. Yánez dice que la propuesta de diálogo ya fue hecha y esperan respuestas.

Pamela Villacrés, de la organización Bloomberg Philanthropies, explica que muchos siniestros ocurren por desperfectos mecánicos, por lo que es necesaria una revisión, más aún si se trata de transporte público o pesado. “Los controles deben ser exhaustivos”, advierte.

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