Tumbaco: Proyecto de cantonización seguirá pese a resolución municipal

Los habitantes de Tumbaco han mostrado su profundo malestar tras la aprobación del Proyecto de Resolución a favor de la indivisibilidad y unidad del cantón Quito, impulsado por el Concejo Metropolitano, el pasado 16 de octubre.

Esta medida busca fortalecer los mecanismos para la desconcentración de servicios con el fin de alcanzar un desarrollo más equilibrado y equitativo en todo el cantón, pero ha sido recibido con gran preocupación por las comunidades del valle de Tumbaco y otras parroquias que abogan por su cantonización.

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Luis Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica Pro Cantonización del Valle del Illaló, manifestó su rechazo calificando la resolución de inconstitucional. “Nos parece preocupante que se hable de indivisibilidad sin considerar los derechos de participación ciudadana recogidos en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)”, comentó Serrano. A su juicio, el Concejo Metropolitano ha pasado por alto los deseos y las necesidades de las comunidades, que siguen pagando impuestos sin recibir los servicios adecuados en contraprestación.

Serrano aseguró que, junto con un equipo jurídico especializado en derecho constitucional, se preparan para demandar la inconstitucionalidad de esta resolución. “El alcalde proviene de un partido político que elaboró la Constitución, pero en su resolución ni siquiera menciona el derecho de participación ciudadana”, dijo.

Ante esto señaló que no han sido invitados a las reuniones que anteriormente se dieron en Cumbayá para tratar las necesidades de la parroquia.

También criticó la falta de un estatuto autonómico que regule las particularidades del Distrito Metropolitano, subrayando que la ley orgánica de 1993 que creó el distrito fue de carácter territorial y no administrativo.

A pesar de los obstáculos, la Junta Cívica está decidida a seguir adelante con su objetivo de cantonización. “Este proceso lleva cinco años, y si es necesario esperar otros cinco, lo haremos. La cantonización va contra viento y marea”, afirmó Serrano.

No hay atención en movilidad 

Los vecinos señalan que la administración zonal en Tumbaco, que atiende a más de 250.000 personas, no cubre las necesidades básicas de la población, como movilidad, mantenimiento vial, alcantarillado. Según los denunciantes, las autoridades municipales tienden a centrarse en zonas como Cumbayá y Tumbaco, pero se olvidan de otras parroquias rurales como Checa y Yaruquí, donde la situación es mucho más precaria.

Marco Veintimilla, presidente del barrio Tola Chica, cuestionó la legalidad de la resolución y denunció la falta de planificación para las obras. “En Tumbaco se otorgan permisos de construcción donde no se debería, como en el caso de un centro comercial edificado sobre una quebrada cerca de la vía, lo que ha generado congestión vehicular”, explicó. 

Además, agregó que las necesidades de servicios básicos como alcantarillado y vías en buen estado siguen sin ser atendidas adecuadamente, a pesar de los impuestos que aportan las comunidades.

Buscando la autonomía

Desde el 2020, la Junta Cívica del Illaló impulsa la creación de un nuevo cantón que abarcaría las parroquias de Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Checa, El Quinche, Tababela y Yaruquí, con una población total de aproximadamente 240.000 personas. El objetivo principal de esta iniciativa es obtener mayor autonomía política y económica, ante lo que consideran una falta de recursos y atención por parte del Municipio de Quito.

El Cootad establece varios requisitos para la creación de un cantón, entre ellos, una población mínima de 50.000 habitantes, de los cuales al menos 12.000 deben residir en la cabecera cantonal, que sería Tumbaco. Además, las parroquias deben estar prácticamente contiguas y contar con al menos 10 años de creación, requisitos que según los promotores ya se cumplen. 

Sin embargo, aún están pendientes los informes favorables de la Prefectura. Añadió que están recopilando información tributaria sobre el número de predios y patentes en las nueve parroquias involucradas para tomar decisiones basadas en los datos económicos.

Llamado a la unidad

El concejal Andrés Campaña defendió la resolución, argumentando que es un llamado a la unidad territorial y un reflejo del abandono estatal que ha llevado a algunas parroquias a considerar la separación de Quito. Campaña destacó que los niveles de pobreza en la ruralidad alcanzan el 69%, en contraste con el 25% en el área urbana, y subrayó que la falta de servicios básicos, como hospitales, motiva a las parroquias a buscar soluciones.

Por su parte, la concejala Analía Ledesma demostró que la resolución es una postura extemporánea y que los problemas de Quito deben ser abordados mediante la discusión de un estatuto autonómico que permita una descentralización efectiva. Afirmó que ya existe un borrador de este estatuto, pero que no ha sido llevado a debate en el Concejo Metropolitano.

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