Veeduría ciudadana habla de anomalías en el Metro
El grupo dice que hay cambios de última hora en los TDR para beneficiar a una empresa. El alcalde dice que no hay asidero en las denuncias
Un informe de la veeduría ciudadana integrada por el Consejo de Participación Social para vigilar el proceso del Metro de Quito, del 3 de enero de 2022, hace denuncias al sistema de transporte que, según se proyecta, entrará a funcionar el último trimestre de este año.
Lo hace justamente cuando un optimista alcalde de Quito Santiago Guarderas anunciaba el viernes pasado que en junio habrá ya un operador internacional para que ponga en marcha el Metro de Quito.
La veeduría denuncia la posible existencia de modificaciones de última hora en los Términos de Referencia (TDR) para beneficiar a una empresa.
El documento lo suscriben el coordinador David Dávalos, el subcoordinador Guido Páez y los veedores Mónica García, Fernando Sancho y Mesías Dávila. Los veedores dicen contar con las pruebas necesarias para demostrar una presunta manipulación de la documentación, lo que podría estar nuevamente induciendo al error al directorio del Metro y en especial al alcalde de la capital.
Según los veedores, existen otros procesos que se han iniciado y de los cuales no se les ha entregado información. Entre ellos: el concurso de operadores a ser capacitados en el exterior, el sistema de recaudo, la integración de los sistemas de superficie con el sistema Metro, entre otros.
Cuestionan la actuación del actual gerente del Metro, Efraín Bastidas, frente al tema de MetroCultura. Lo acusan de un posible desconocimiento en temas de procesos sociales y educativos. Indican además que no hay política tarifaria, ni reordenamiento de rutas. Tampoco existe un sistema único de recaudo.
La veeduría denuncia que una docena de preguntas formuladas para efectuar su trabajo no han recibido respuesta.
Por ejemplo, los cronogramas que cada subsistema debe ejecutar, los informes de avance de la implementación de los subsistemas del Metro, de la recepción de la obra civil, del material rodante, del concurso de los 48 operadores, de los protocolos de seguridad que se deben implementar, entre otros. El alcalde Guarderas señaló que de las denuncias, “ninguna tiene asidero”.
Para Efraín Bastidas, el informe contiene ataques personales y juicios de valor. “Ese informe en la parte de forma está cargado de una serie de críticas a mis actividades personales”, dijo.
Precisó que hay una confusión de parte de la veeduría sobre el tema de los TDR, que en ese proceso tienen fase de ajustes. Manifestó que la reestructuración de rutas es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. Metro no tiene entre sus competencias ese aspecto. En el informe encontraron imprecisiones que no responden a la realidad.
“Preocupa que se intente deslegitimar el trabajo del estructurador técnico”, expresó. Espera que en los próximos días, con la intervención de Quito Honesto, se realice una reunión para aclarar las confusiones.
El detalle
Retraso. Se había previsto que el Metro entre en funcionamiento a finales de 2019. Los primeros vagones llegaron en la administración de Mauricio Rodas.
