Allanan la sede de Contraloría

Miembros de la Fiscalía y la Policía madrugaron ayer al domicilio del abogado guayaquileño J. J. Franco, ubicado en una urbanización de Samborondón, en Guayaquil.

El objetivo era ejecutar un acto urgente dentro de una investigación previa por posible tráfico de influencias que les facultaba a los agentes realizar el allanamiento del inmueble y de otros en el Puerto Principal.

Entre ellos las oficinas de la sede de la Contraloría en Guayaquil. En su cuenta de Twitter la Fiscalía informó que ese allanamiento fue parte del operativo. En esas dependencias se recabaron indicios relacionados con la investigación que involucraría al excontralor Pablo Celi, preso en la cárcel 4 de Quito por el posible delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

En el domicilio de Franco y en las oficinas de la Contraloría se recogieron evidencias como celulares, computadoras portátiles, documentos, informes de exámenes especiales, entre otros elementos.

En un comunicado el ente señaló que está presto a colaborar con las acciones judiciales que se realizan como parte de las investigaciones de la Fiscalía. Indicó que el contralor subrogante Carlos Riofrío dispuso la entrega oportuna de la información que requieran los estamentos judiciales.

El organismo añadió que espera que la apertura y transparencia contribuya para los resultados de las investigaciones.

No es la primera vez que aparece el nombre de Franco en los últimos meses. Durante la comparecencia del excontralor Carlos Pólit a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dentro del juicio político a Pablo Celi ya fue mencionado.

En julio Pólit hizo señalamientos para varias personas. Entre ellos al expresidente del Legislativo, José Serrano, J. J. Franco y otros.

A Serrano le acusó de ejercer presiones para que presente su renuncia en 2017. “Me mandó dos emisarios a pedirme la renuncia a los Estados Unidos, que ya terminaría mi persecución”, recordó. Y nombró como emisarios: J. J. Franco y Diego Sánchez. EXPRESO buscó a cada uno de los mencionados mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. No hubo respuesta.

Ayer el excontralor Pólit comentó a este Diario que el hecho ocurrido la madrugada de ayer “no hace más que corroborar que mi juzgamiento judicial y político fue netamente provocado por los poderes fácticos y partidistas que buscaban apropiarse del ente de control y fiscalización para beneficiar sus intereses personales y mediáticos”.

La investigación de la Fiscalía sería por el posible desvanecimiento de glosas y es una de las que se abrió al excontralor Celi con información que llegó al caso Las Torres.

El pasado 3 de septiembre la fiscal Diana Salazar dispuso que se obtengan copias de piezas del caso Las Torres para nuevos expedientes por presunto lavado de activos, tráfico de influencias, asociación ilícita y delitos contra la eficiencia de la administración pública.

Como publicó ayer este Diario, son más de 13 investigaciones previas para 12 personas naturales y al menos 10 empresas. Uno de los casos es para Celi y Hugo Pérez, quienes serán investigados “en sus funciones en Contraloría, respecto de la empresa China Camc Engineering CO. LTD, por los hechos relacionados al proceso de desvanecimiento de glosas”, señala el impulso fiscal. Celi fue investigado con otras 14 personas por formar parte de una estructura dedicada al cobro de coimas para desvanecer glosas.