Ajuste en temas de trazabilidad atrasa adopción de Ley de Pesca

Ecuador tiene desde abril del 2020 una nueva Ley de Pesca, pero han pasado    10 meses y esta no termina por aplicarse debido a los constantes retrasos en la emisión de un reglamento que oriente su ejecución. Esta vez, nuevas observaciones que vienen de Europa, en torno a ajustes al proceso de control de la trazabilidad que debe tener la pesca, ralentizan la adopción de históricos cambios en esta actividad.

La nueva norma, que reemplaza a una caduca ley expedida hace más de cuatro décadas,    tuvo como fin principal modernizar los mecanismos de inspección y sanciones en contra de la pesca ilegal o no reglamentada. La espera ha sido larga para implementar de lleno    los controles que se proponen,    reconoce Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, especialmente con el producto que arriba de otros países para ser procesado. El objetivo es que las más de 550.000 toneladas que Ecuador procesa al año (250.000 de ellas importadas) provengan de una fuente legal.

“Para ello, la nueva ley dispone la creación de un sistema tecnológico de trazabilidad, la plataforma fue contratada y está lista para ser operada”, dice el dirigente. Eso implica que el pescado importado deba someterse a las mismas normas de la pesca local. Que deba cumplir con autorización previa, un registro    de origen y respetar normas sanitarias y ambientales del país de donde proviene. En teoría es en esa plataforma donde se subirá toda esta información; no obstante, nuevas sugerencias de Europa, el principal mercado de la pesca ecuatoriana, alargan la implementación de esto y otras reformas. EXPRESO viene desde el pasado miércoles 3 de marzo intentando tener una explicación sobre el retraso; no obstante, ni el Ministerio de Comercio Exterior y Producción ni el Viceministerio de Acuacultura y Pesca han atendido un pedido de entrevista. Queda pendiente conocer cuáles son esos ajustes y en qué tiempo más el reglamento final será remitido a la Presidencia.

La expectativa es grande, dice Leone, de eso depende de que a Ecuador pueda revertírsele la tarjeta amarilla, que a finales de octubre de 2019 la Unión Europea le puso como alerta ante los escasos controles de pesca ilegal, una irregularidad que se intenta a toda costa contrarrestar, pues a nivel mundial por eso se llegan a facturar hasta $ 25.000 millones al año.

Pero del reglamento también depende la implementación de otros cambios considerados importantes para esta actividad que en el país, junto a la acuicultura, llegó a a mover el año pasado más de $ 5.000 millones en exportaciones.

Por primera vez se agrega un capítulo especial para normar la Acuacultura, un sector que hoy espera direccionamientos para llevar a cabo la regulación de concesiones camaroneras y el control para evitar el contrabando de producto que le genera millonarias pérdidas.

Javier Cardoso, quien trabajó en la elaboración de la norma como parte de un proceso de consultoría financiada por la ONU, añade también    el nuevo impulso que se le piensa dar a la investigación pesquera. En el país anualmente se destina un promedio de $ 2 millones para tal fin, pero son recursos mínimos si se los compara con el esfuerzo que hacen otros países de la región.

Esta vez, señala Cardoso, la ley establece la creación de un fondo que deberá ser alimentado con la recaudación de tasas y multas que se impongan al sector. El reglamento que está por salir establece que ese fondo deberá destinarse a investigación, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las especies. “Es imprescindible    investigar más para tener información y data fidedigna que ayude a tomar decisiones correctas en materia de política pesquera”, dice. Con el resultado de lo investigado se podrá establecer medidas de conservación como las vedas, pero también se podrá identificar nuevas oportunidades para una explotación sostenible de otros recursos marinos    que no se estén aprovechando el día de hoy, lo que significaría una oportunidad de crecimiento económico y social para el sector.

• SABER MÁS

PESCA ILEGAL. La falta de control de la pesca no reglamentada fue una de las motivaciones para impulsar un nuevo cuerpo legal. De la aplicación de esta ley depende    que la Unión Europea retire la tarjeta amarilla que impuso a la industria por este tema.

CREACIÓN DE FONDO. Uno de los cambios son las nuevas sanciones que se imponen ante el cometimiento de infracciones. Así, por    ejemplo, existen multas de hasta 1.500 salarios básicos unificados, a quienes capturen en zonas prohibidas. Los recursos se acumularán en un fondo.

INVESTIGACIÓN. La nueva ley establece que parte de las tasas y multas que se recauden se destinará a fomentar la investigación, esto con el fin de garantizar    la sostenibilidad y de tener la oportunidad de hallar nuevos recursos marinos.