Aquiles Álvarez espera audiencia de vinculación en el caso Triple A
El alcalde de Guayaquil enfrenta la audiencia, tras la renuncia de su defensor por amenazas
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, debía comparecer este 5 de marzo de 2025, a las 10:00, ante la justicia en la audiencia de vinculación al caso Triple A, una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado sobre presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles. Junto a él, otras nueve personas fueron convocadas por la Fiscalía, incluyendo empresarios y exfuncionarios. Sin embargo, el juez anticorrupción Jairo García decidió postergar la audiencia de vinculación para el 14 de marzo de 2025, desde las 07:45.
El caso se centra en la presunta distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Según la investigación, se habrían registrado despachos irregulares de combustible a estaciones de servicio fronterizas.
La audiencia, en la nueva fecha, se desarrollará tras la salida de su abogado defensor, Emilio Santacruz, quien renunció al caso alegando amenazas en su contra y contra su familia. Ante esto, el Álvarez designó a Geovanny Patricio Vásquez Barros como su nuevo representante legal, exigiendo garantías de debido proceso y acceso completo al expediente judicial.
En el proceso, el juez determinará si existen elementos suficientes para procesar a los acusados y qué medidas cautelares se aplicarán.
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Álvarez pidió que su audiencia se postergue
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó este miércoles 5 de marzo que su audiencia de vinculación al denominado caso Triple A se difiriera.
El pedido de diferimiento se sustenta en dos motivos: el cambio de abogado a última hora y el repentino quebranto de salud de este.
Álvarez denuncia persecución política
El alcalde ha defendido su inocencia y calificado la investigación como un proceso "direccionado para perseguir" a opositores del Gobierno. En una entrevista con Diario EXPRESO, Álvarez argumentó que la Fiscalía tuvo más de siete meses para vincularlo y que solo lo hizo ahora por motivos políticos.
"Después de que pusieron una denuncia armada, totalmente mal infundada, recién me quieren vincular cuando lo pudieron hacer desde el primer momento", afirmó.
También cuestionó el papel del fiscal Carlos Alarcón, quien lidera la indagación y ha estado a cargo de otros procesos controversiales, como el caso Goldbaum y la investigación contra el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad.
Sobre la supuesta venta de sus acciones en Ternape Petroleum, empresa investigada dentro del caso, Álvarez negó haberlas transferido y aseguró que su familia sigue siendo accionista. No obstante, registros de la Superintendencia de Compañías indican que en agosto de 2024, él y sus hermanos cedieron sus participaciones a Andrés y Fernando Viteri Henriques.
Un enfrentamiento con el Gobierno de Noboa
El alcalde también ha vinculado el caso con su deteriorada relación con el presidente Daniel Noboa, asegurando que el Ejecutivo busca afectar su gestión en Guayaquil. En varias ocasiones, Álvarez ha señalado que el Gobierno le adeuda cerca de $80 millones a la ciudad y que ha bloqueado proyectos clave, como el de seguridad ciudadana.
"No es un ojo por ojo entre políticos. Yo lo único que pido es que tengan el mismo trato. ¿Dónde está el allanamiento a Petronoboa?", cuestionó, en referencia una empresa creada por el hermano del presidente, Santiago Noboa, y que está siendo salpicada por supuestas irregularidades.
Lo que sigue en el proceso
En la audiencia de vinculación, la Fiscalía presentará los elementos que justifican la inclusión de Álvarez y los otros procesados en la causa. Si el juez determina que hay pruebas suficientes, el alcalde enfrentará medidas cautelares, que podrían incluir prohibición de salida del país, arresto domiciliario o prisión preventiva.
Mientras tanto, Álvarez ha solicitado acceso a todo el expediente y ha insistido en que necesita "las garantías básicas del debido proceso" para su defensa.
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