En El Aromo se junta lo peor de nuestro sistema eléctrico | Por Roberto Aguilar

Inés Manzano se pone al día. La ministra de Ambiente, encargada de la cartera de Energía, entregó el 15 de octubre de 2024 las licencias ambientales de los cuatro proyectos de energía solar de la provincia de Imbabura concesionados a inversionistas extranjeros en noviembre del año pasado por el entonces presidente Guillermo Lasso, que ya estaba de salida: las plantas fotovoltaicas de Ambi, Intiyana, Imbabura y Urcuquí producirán en conjunto 300 MW. A eso se suma el proyecto de El Aromo, que utilizará 300 de las 1.300 hectáreas del terreno aplanado de la inexistente refinería del Pacífico para producir 200 MW de energía solar. Fue necesario que llegara Inés Manzano al Ministerio de Energía para que se reactivara este proyecto, boicoteado por el correísmo y por los sindicatos del sector eléctrico y paralizado durante nueve meses de gobierno de Daniel Noboa.

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Se puede decir que la historia del proyecto fotovoltaico de El Aromo representa y sintetiza todo lo que está mal en el sector eléctrico ecuatoriano: el desmedido estatismo del sistema y el boicot de los políticos contra cualquier intento de ampliar el margen de participación de los privados; la resistencia de los sindicatos públicos a transparentar un estado de cosas del que se benefician en contra de los intereses públicos; la tendencia de los partidos a poner sus agendas políticas por encima del bien común. Esa pesadilla terminará, según el cronograma de la ministra Manzano, este miércoles 30 de octubre, cuando se firme la adenda que garantiza a los inversionistas un mecanismo para la seguridad de pago y estos puedan, por fin, tras 19 meses de espera, iniciar la construcción de su proyecto.

Lo primero que llama la atención en esta historia es la insistencia del correísmo en hablar del terreno aplanado de El Aromo, donde apenas hay un acueducto construido con enorme sobreprecio, como si allí existiera una refinería. El proyecto original fue de Hugo Chávez, y la idea consistía en disponer de una planta frente al Pacífico para vender a China petróleo venezolano refinado, que llegaría vía canal de Panamá hasta el puerto de Manta. El hecho de que nunca se proyectara una extensión del oleoducto para conducir crudo ecuatoriano desde Esmeraldas a Manabí (ni siquiera se habló nunca de esa posibilidad) es bastante elocuente sobre ese objetivo. El caso es que Chávez desistió (según las delaciones de José Conceição Santos Filho en el juicio de Odebrecht, se asustó del nivel de corrupción de los funcionarios ecuatorianos) y los chinos perdieron el interés porque construyeron sus propias refinerías. Dice el exministro de Energía Fernando Santos Alvite que los planos del proyecto se los llevaron los venezolanos. En suma: el proyecto ahora es impracticable y dejó de ser un buen negocio.

Sin embargo, cuando Lenín Moreno convocó a una licitación para construir un proyecto fotovoltaico en ese terreno, los correístas pusieron el grito en el cielo. Durante el gobierno de Guillermo Lasso el proyecto cobró forma y Luisa González, entonces asambleísta por Manabí, le declaró la guerra desde su curul. Sin embargo, la cosa avanzó: en diciembre de 2022 se otorgaron las licencias ambientales y en marzo del año siguiente se firmó la concesión con la empresa española Solarpack (hoy Zelestra, subsidiaria de la mayor compañía sueca de energías limpias: EQT). Lo único que pedían los empresarios era una garantía de pago. Normal: según explica Santos Alvite, la cultura de pago en el sector eléctrico estatal es completamente informal. CNEL, por ejemplo, le debe millones a Celec y a nadie parece importarle. Propusieron los españoles un fideicomiso que fuera administrado por una empresa pública (el Banco del Pacífico o la CFN) y que se registraran ahí los ingresos por la venta de energía al Estado y los egresos para pagar a los inversionistas, y para cubrir sueldos y gastos de mantenimiento.

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Al boicot de los correístas desde la Asamblea (acusando al proyecto de privatizador) y desde el Twitter (se hizo famoso un mensaje del expresidente prófugo amenazando a los inversionistas con revertir el acuerdo en caso de llegar al poder) se sumó la oposición a ultranza de los sindicatos del sector eléctrico, que veían en el fideicomiso una amenaza a su negocio. Era obvio por qué: el sistema obligaba a transparentar los pagos. El caso es que no hubo manera de implementar el fideicomiso. Finalmente, el BID propuso una solución salomónica: sería ese organismo el que pagaría a los inversionistas, que se verían así garantizados, a cambio de que el Estado se comprometiera a honrar esa deuda. Ese es el sistema que finalmente será consagrado en la adenda que aspira a firmar la ministra Inés Manzano el próximo 30 de octubre de 2024.

¿Pero por qué tardó tanto el gobierno de Noboa en ejecutar una solución que estaba lista desde el gobierno anterior? Esa pregunta habría que trasladársela, en primer lugar, a la exministra de Energía Andrea Arrobo, a la que el mismo presidente acusó, junto con una lista larga de funcionarios, de boicotear el sistema eléctrico, y cuyo juicio político arrancó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. ¿Es verdad que Arroba obedecía las consignas correístas de oponerse a la inversión privada en lo que considera sectores estratégicos y, particularmente, defender el terreno aplanado de El Aromo contra todo intento de desviarlo del utópico proyecto inicial de construir en él una refinería? Lo cierto es que la Arrobo contaba entre sus principales asesores con Medardo Cadena, su tío, que fue ministro de Electricidad de Correa y viceministro de Esteban Albornoz durante ese mismo gobierno. Y que ni bien ella se hizo cargo de la cartera, el proyecto fotovoltaico de El Aromo fue archivado. Hasta el sol de hoy.

La historia de El Aromo se repite prácticamente igual en Villonaco, el mayor proyecto eólico del Ecuador, que producirá 110 MW de energía y está ubicado en la provincia de Loja. También ahí el espinoso asunto de la garantía de pago ha sido el obstáculo insuperable (por simple negligencia) que ha impedido que arranque siquiera su construcción. Según la ministra Manzano, el problema estará solucionado en diciembre. En el fondo, la intransigente resistencia del correísmo y otras fuerzas políticas ante cualquier cosa que implique concesionar la generación eléctrica a empresas privadas. “Se pretende entregar nuestra energía eléctrica a empresas transnacionales”, dijo la legisladora correísta Mónica Palacios, como para dejar claro que esa oposición se fundamenta, a veces, en la más profunda incomprensión del asunto. Por que no, no se pretende “entregar nuestra energía eléctrica” (hoy escasa, cuando no inexistente), sino contratar a quienes la pueden producir. Pero hay quien no está listo para esa discusión.

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