Las bases extranjeras eran una medida efectiva, hace 20 años

En 1999, el presidente de la República, Jamil Mahuad, firmó un convenio de cooperación con Estados Unidos para la instalación de una base militar por 10 años. El objetivo era detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

Una vez que Rafael Correa llegó al poder, y con la aprobación de la Constitución de 2008, los uniformados norteamericanos tuvieron que salir el 18 de septiembre de 2009.

Quince años después, el primer mandatario y precandidato a la reelección, Daniel Noboa, trajo a debate el tema, señalando que la salida de la milicia estadounidense fue el “primer pacto con el crimen transnacional”. Por ello, presentó la propuesta para una reforma parcial a la carta magna.

Antes del año 2000, Ecuador tenía limitaciones en vigilancia y control de sus aguas del Pacífico y en el rastreo en el espacio aéreo. Sin embargo, desde 2022 se tramitaba la Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, que permite un trabajo coordinado con Estados Unidos para la interdicción de aeronaves y navíos.

El pasado 2 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la normativa, que establece protocolos y mecanismos para la aplicación del uso de la fuerza y la legítima defensa, con la finalidad de combatir el narcotráfico transnacional.

Santiago Ortega, catedrático y experto en seguridad, recuerda que, actualmente, para mayor efectividad en seguridad no se necesita una base militar, sino convenios que ya existen y que se han firmado no solo con Estados Unidos, sino con Chile, Colombia y muchos más.

Enfatiza que “traer de vuelta la Base no va a solucionar las cosas” porque la dinámica del delito ha cambiado y que, aun si se instalara una base militar en 24 horas, el Estado no tiene los recursos para complementar el trabajo. 

“Es primordial que existan acuerdos para que se priorice la intervención del sector privado nacional en la seguridad, porque ya tenemos acuerdos internacionales; lo que hace falta es dinero para emprender las estrategias de seguridad”.

Mientras tanto, Daniel Pontón, también catedrático y experto en seguridad, sostiene que primero se deben hacer correctivos en el enfoque de cómo atacar los problemas del narcotráfico.

“Según los propios datos de la Policía, el 80 % de la droga incautada que intenta salir al exterior es destinada a Europa y se intenta camuflarla en envíos legales por puertos, en cargamentos", apunta. 

Y agrega que apenas el 20 % es para Estados Unidos, y lo que antes hacía la Base de Manta, ya lo hace Ecuador con sus equipos, porque estaba enfocado en el esquema de la clandestinidad”, aseguró.

Desde su punto de vista, el anuncio del presidente responde a una lógica partidista y no a los intereses del Estado, que deben estar por encima de todo y en todos los tiempos. 

“Este tipo de anuncios demuestra una debilidad crónica en el dominio del tema, y lo que ha hecho es politizar un asunto que debe ser técnico, no polarizar la agenda”. Ambos consideran que se trata de una antesala para insertar la propuesta en el debate y así lograr su aprobación en el Legislativo con el respectivo proceso.

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