El CAL calificó el juicio político a Diana Salazar pese a informe con observaciones

Un proceso sin fundamentos. Tras la calificación de la solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar, la Fiscalía General del Estado (FGE) denunció que la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) pese a las observaciones del informe jurídico que no es vinculante para los miembros del máximo órgano legislativo.

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Este 7 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político presentada por la legisladora del correísmo, Gissela Garzón, en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Según acota el Ministerio Público, la Unidad Técnica Legislativa remitió el 4 de diciembre su informe técnico-jurídico sobre la solicitud de juicio político. Mismo en el que, según cita la Fiscalía General del Estado, se sostiene que la petición "no se enmarca en los lineamientos constitucionales del debido proceso".

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Según cita la Fiscalía al documento jurídico, "la solicitante (Gissela Garzón) ha anunciado como prueba el requerimiento de rendición de testimonios de operadores de justicia (fiscales y jueces de la Corte Nacional), omitiendo precisar sobre qué hechos específicos vesarán sus testimonios (...)".

Asimismo, el informe técnico-jurídico indica que al no ser precisada dicha información, se presumen que los testimonios planteados serán "sobre información de casos penales sometidos a la justicia ordinaria y de las funciones o competencias de funcionarios de la Función Judicial y no bajo el fundamento del incumplimiento de funciones de la fiscal (...)".

Esto antecedente, según continúa la Fiscalía General del Estado, muestra una "flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones consagradas en la Constitución". Además, se ratifica en que el proceso de control político carece de argumentos.

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Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krofle, declaró que la solicitante "ha subsanado la prueba". Por ello, el 7 de diciembre se presentó un cambio en el orden del día, se verificó la subsanación y se dio a trámite "como cualquier otro juicio político".

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