Las cárceles en Ecuador se han blindado, pero de hermetismo absoluto
La medida funcionó en un inicio como forma de contención la violencia en las cárceles. No toda información es reservada
Con la guerra interna en Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa declaró a las cárceles como zonas de seguridad, una acción que restringe el acceso a la información, siempre y cuando se considere que esta amenaza la seguridad nacional y cumpla con ciertos parámetros legales para ser declarada como tal.
Sin embargo, desde mediados de noviembre, después de la masacre en la Penitenciaría del Litoral en la que murieron 17 personas, el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) ha limitado el acceso a datos sobre lo ocurrido en las prisiones que administra.
Un ejemplo de esta restricción ocurrió entre el 3 y el 4 de diciembre, cuando ingresaron y salieron vehículos de medicina legal y ambulancias del complejo carcelario de Guayaquil, debido a detonaciones de armas de fuego y explosivos. Desde entonces, no ha habido una declaración oficial por parte de la entidad encargada de regular y custodiar los reclusorios.
Daniel pontón
Fue la Fiscalía la que, dos días después de los hechos, informó sobre 12 procesados, entre ellos dos guías penitenciarios. También se reportaron enfrentamientos en el pabellón 3, sobrevivientes de un ataque y el ingreso de objetos prohibidos al recinto.
Posteriormente, ocurrió un atentado contra el director del penal de Machala. Tras lamentar lo sucedido, se llevaron a cabo traslados de internos desde esa ciudad hacia el centro de Turi. El equipo de comunicación del SNAI expresó que no podía proporcionar detalles debido a cuestiones de seguridad.
Esto sucedió a pesar de que habían transcurrido dos días desde el inicio de los traslados, mientras familiares de los reclusos denunciaban gritos y detonaciones dentro del penal, por lo que pedían un pronunciamiento y que se indique el estado de salud de los reos recién llegados. Pero tampoco hubo respuesta.
El experto en seguridad y defensa pública Diego Pérez recuerda que vivimos en un sistema democrático y que no toda la información relacionada a las prisiones es reservada.
“Frente a temas sensibles como planes de ejecución, por decir, la movilización de grupos militares a un operativo y que ello afecte a la seguridad nacional, puede ser declarada reservada, cuando se cumpla con un procedimiento específico detallado en la ley, no información necesaria para la sociedad”, expresó.
Desde 2021 hasta la actualidad, se han registrado 16 masacres en las cárceles de Ecuador, con más de 400 fallecidos.
Considera que este tipo de comportamientos es una muestra de la poca capacidad que tiene el Estado para ejercer el dominio y control en las prisiones.
“Nos encontramos ante la fragilidad que ya atraviesa una situación que debilita los parámetros de transparencia que deberían primar en un Estado. Hay descontrol y no quieren aceptarlo porque obviamente hay razones políticas para mantener el discurso de que todo está bien”.
Daniel Pontón, experto en seguridad de Estado, puntualiza que estas medidas son la tónica de los últimos años, especialmente en 2024, con el fin de demostrar un manejo estatal nuevo. Pero en términos simples, es una estrategia de contención que sirvió para los primeros meses de mandato.
“Empieza ya a flaquear por la cantidad de acontecimientos y eso va a seguir agravando la situación, porque realmente no hay una estrategia diferenciada a otros gobiernos. No hay política pública, que a la final se resume en la reinstitucionalización del sistema penitenciario”.
Sostiene que el incremento del silencio se debe a que ya no están logrando contener la violencia criminal en las cárceles y que “la gran pregunta” es hasta cuándo van a mantener esta actitud, pues considera que si no se controla a los grupos criminales de forma real, puede ocurrir otra masacre.
“Es mucho más que construir dos cárceles; es hacer funcionar un sistema que te permita mantener el control. Ojo, no hablo de rehabilitación, que ese es otro cantar”, analizó.
Mientras que el abogado penalista Julio César Cueva considera que este tipo de comportamientos no deben ser tolerados y que es posible aplicar los mecanismos legales correspondientes para evitarlos, pero que no debería ser así, pues por ley no se debería negar el acceso a la información pública, especialmente en un contexto de enfrentamiento contra el crimen organizado.