El chaparrón sobre el Consejo de Participación causa señalamientos internos
La minoría del pleno cree que la mayoría debe ser destituida. La Corte Constitucional inició fase de seguimiento de dictamen
Se avecina una tormenta. Tras varios días de expectativa, la Corte Constitucional decidió el 13 de septiembre iniciar la fase de seguimiento de su dictamen que blindó las actuaciones del Consejo de Participación (CPCCS) transitorio.
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La decisión, que contó con el voto concurrente del juez Enrique Herrería, desató movimientos a la interna del Consejo, según pudo conocer este Diario al intentar comunicarse con los siete consejeros del pleno.
Por ejemplo, el equipo de la vicepresidenta Nicole Bonifaz señaló que ella se está preparando para la audiencia de seguimiento convocada por la Corte y que luego se pronunciaría.
Otros consejeros, como Andrés Fantoni y Mishelle Calvache, prefieren expresar su coincidencia con los jueces constitucionales. Sobre todo para señalar quiénes, para ellos, serían los principales responsables.
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“La Corte debe considerar cierta hoja de ruta que llevan adelante intereses particulares muy marcados (...)”, dice Fantoni, quien apunta a la mayoría del pleno conformada por Alembert Vera, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto y Augusto Verduga.
Calvache señala a Vera por haber transgredido el dictamen que blinda al CPCCS transitorio valiéndose de una orden judicial; y al resto de la mayoría, por haber participado en la revisión de legitimidad de la fiscal Diana Salazar.
Estoy de acuerdo con la Corte. No solo por el tema de la fiscal, sino que ya la veeduría está consumada al haber inscritos (...). Lo procedente sería la destitución de la mayoría.
Este medio intentó comunicarse con los consejeros Vera, Saltos, Verdezoto y Verduga, para consultarles respecto a la decisión de la Corte Constitucional, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna, pese a la insistencia por mensajes de texto.
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En esa misma línea, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que la Corte Constitucional está actuando de una manera oportuna y adecuada ante la transgresión del dictamen que blindó las actuaciones del Consejo de Participación transitorio.
Asimismo, hace hincapié en que deben ser sancionados “los miembros del Consejo que pretendían modificar la estructura jurídica del Estado” y evaluar la actuación de aquellos que tomaron distancia de estas actuaciones, como los consejeros Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.
La Corte debe considerar cierta hoja de ruta que llevan adelante intereses particulares muy marcados (...) a la cual responde la mayoría (del Consejo de Participación).
Por el contrario, María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del Consejo de Participación destituida por la Corte Constitucional, señala que una eventual sanción debería ser para todos los consejeros, ya que el caso del presunto plagio de la fiscal Salazar sí pasó por el conocimiento del pleno.
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Asimismo, cuestiona que los jueces constitucionales no tengan celeridad con este caso como, a su criterio, sí la tuvieron con su destitución. “Yo no los veo (a los jueces constitucionales) tan claros de que quisieran destituirlos. Al contrario, parece que intentan salvarlos”.
Sin embargo, según acota el constitucionalista José Chalco, las responsabilidades directas o indirectas deberán ser determinadas por la Corte Constitucional. Aunque no descarta que también deba de observarse la actuación del Consejo alrededor de la fiscal Diana Salazar, ya que “ahí existe participación de varios consejeros”.
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