La comisión para enfrentar la inseguridad de raíz no da señales de vida, ¿qué pasó?
Las entidades señaladas por la Corte Constitucional tenían 20 días para proveer información y empezar a trabajar
En febrero de 2025, en su análisis sobre el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional planteó la creación de una mesa interinstitucional como medida para abordar los problemas estructurales del país en materia de inseguridad.
Para ello, la Corte ordenó que en un plazo improrrogable de 20 días, varias entidades de las funciones del Estado remitieran información sobre su gestión, con el fin de evaluar la situación actual y establecer un punto de partida para la articulación, implementación y supervisión de acciones y políticas.
No obstante, más de un mes después del dictamen de la Corte Constitucional, no hay constancia de que todas las entidades señaladas (ver gráfico) hayan cumplido con lo ordenado ni de que la comisión interinstitucional haya iniciado con su trabajo de articular esfuerzos.
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De hecho, en el expediente apenas constan una solicitud de aclaración y ampliación de la Presidencia de la República, así como oficios de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no se puede verificar si estos documentos corresponden a lo solicitado en el dictamen.
Este Diario contactó a las entidades estatales miembros de la comisión y a la Corte Constitucional, para consultar sobre el estado del cumplimiento del dictamen 1-25-EE/25, pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.
La lucha contra el crimen requiere una respuesta conjunta
Si bien la medida puede ser percibida como una respuesta burocrática más a la crisis de inseguridad, Renato Rivera, especialista en seguridad y analista en crimen organizado, sostiene que es un intento de articular esfuerzos en un escenario cada vez más insostenible.
“El enfoque es que la militarización, entendida como la declaratoria del conflicto armado y los decretos emitidos bajo esta argumentación, no ha generado los resultados esperados, ya que no se están resolviendo las causas estructurales de la violencia, ni se está promoviendo la generación de políticas públicas para mitigar el problema”, sostiene.
En ese sentido, el experto en seguridad Daniel Pontón agrega que este es un tema que “requiere la colaboración de todos los entes del Estado y la sociedad”, aunque considera que el liderazgo debería recaer en la Presidencia. No obstante, señala que los últimos mandatarios han convertido los estados de excepción en la norma para combatir el crimen.
Sin voluntad, la comisión quedará en el olvido
“Es una forma política de decirle al gobierno que pare la mano (con los estados de excepción”, resume Pontón, aunque reconoce que comisiones como la ordenada por la Corte “son poco útiles para la toma de decisiones” y suelen quedarse en una mera formalidad.
Rivera coincide y señala que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la medida tiende a ser demasiado general y con escasos resultados. “El COIP creó un comité de política criminal que, hasta donde se sabe, nunca ha sesionado. También se estableció un comité de lavado de activos que ha tenido muy pocas sesiones y no ha facilitado una mayor ejecución de sentencias. Es decir, esta comisión corre el riesgo de convertirse en otra instancia sin impacto real”.
Además enfatiza que estos mecanismos dependen en gran medida de la voluntad política y del liderazgo de cada ministerio o entidad. “Si bien se pueden tomar acciones para cumplir el mandato de la Corte Constitucional, si no hay liderazgo, es muy probable que no haya resultados significativos”.
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