Conflicto armado interno: juez declara violación de derechos en cárceles de Ecuador
Señalan al Estado, a través de las Fuerzas Armadas, como responsables de estas violaciones a los derechos fundamentales
El juez constitucional Manuel Peña Estupiñán declaró la vulneración de derechos en las cárceles de Ecuador. Se señala al Estado, a través de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), como los responsables de estas violaciones. La sentencia se dictó de forma oral el 9 de febrero de 2024.
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La sentencia surge de habeas corpus correctivos presentados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) el 30 de enero de 2024 en favor de siete personas privadas de la libertad que requerían atención médica y que se les había restringido medicación desde hace 3 semanas, según explicó a EXPRESO el comité.
#ContraLaGuerra, juez constitucional a través de un habeas corpus presentado por @CDHGYE declaró como responsable a las @FFAAECUADOR @EjercitoECU por vulnerar el derecho a la integridad personal de personas detenidas.
— Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (@JusticiCarcelEc) February 11, 2024
Como medida de reparación integral resolvió: pic.twitter.com/Ugb34afBP5
El juez declaró la violación de los derechos de los reos por parte del Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas, por acción, y el Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), por omisión.
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Por acción, ya que las Fuerzas Armadas, que están interviniendo las prisiones, incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad personas de las personas privadas de la libertad al someterlos a maltratos que podrían llegar a ser tortura. Asimismo de omisión, ya que el SNAI no está cumpliendo con su competencia de gestionar los centros carcelarios.
Como reparación integral, el juez constitucional resolvió que el Estado debe brindar atención médica ininterrumpida a los presos, dar seguimiento al estado de su salud mental, así como brindan acceso a luz, agua potable, alimentación, colchones, entre otras cosas.
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Del mismo modo, dispuso que la Defensoría del Pueblo investigue en un plazo de 45 días los actos de tortura que han existido en las cárceles de Ecuador. También exhortó a las Fuerzas Armadas a que cumplan su labor respetando la ley y la dignidad de las personas.
"La tortura debe ser condenada sin condiciones. Es una grave violación a los derechos humanos que no se justifica por la obediencia a órdenes superiores", destacó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) tras conocer la resolución.
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