Sebastián Corral
El Secretario de la Administración Publica, Sebastian Corral, en su momento, negó tener conflicto de intereses.ARCHIVO

Contraloría: Sebastián Corral estaba inhabilitado para ser secretario de Estado

Corral fue el secretario de Administración Pública de Guillermo Lasso, quien omitió los impedimentos

Su nombramiento fue ilegal. La Contraloría General del Estado determinó que el secretario de Administración Pública de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, no podía asumir dicho cargo por estar inmerso en las inhabilidades previstas en la ley y la Constitución.

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Corral asumió la Secretaría de Administración Pública mediante el Decreto Ejecutivo 662 suscrito por el expresidente Lasso el 9 de febrero de 2022 y duró hasta el fin del Gobierno tras la muerte cruzada. Previo a este nombramiento, fue embajador ante el Reino Unido.

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Según el examen especial al cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de la Contraloría, previo a su designación, Corral declaró no tener conflicto de intereses. Además, en su expediente no consta el informe técnico previo a suscribir de la acción de personal que le otorgó el nombramiento de secretario de Estado.

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Sin embargo, acorde al examen, en la Superintendencia de Compañías consta que Sebastián Corral fue gerente general y, al corte del examen, accionista de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. Ambas empresas que mantienen contratos con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones por las frecuencias.

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Un elemento que, según establece la norma, lo inhabilita para ser funcionario, sobre todo cuando, a través del Decreto Ejecutivo 175, el presidente Guillermo Lasso dispuso que la Secretaría de Administración Pública tenga rango de ministerio. Según el artículo 153 de la Constitución, no podrán ser ministros quienes mantengan contratos con el Estado.

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Precisamente, sobre el actuar del exmandatario, Contraloría señala que Lasso no consideró las prohibiciones establecidas en la ley, incumpliendo su mandato de "cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia".

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Ante los resultados del examen, según consta en el documento, Sebastián Corral respondió a la Contraloría que los contratos referidos no generan efecto jurídico para poder ocupar el cargo de secretario de Estado en 2023, ya que estos fueron suscritos en 2012.

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El expresidente Lasso, por su parte, respondió a la Contraloría que a "la Presidencia de la República no le corresponde, ni pudiera corresponderle, el examen previo sobre la existencia de impedimentos o inhabilidades (...)" y que no es auditor ni funcionario administrativo.

Además, cuestionó a la Contraloría señalando que "es una tesis jurídicamente errada considerar que todo accionista de una persona jurídica es su propietario" y que es igual de errado concluir que la Constitución contiene impedimentos para ser ministro de Estado para cualquier accionista, independientemente de su porcentaje accionario.

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