Daniel Noboa aprueba la Política de Integridad Pública 2030, ¿de qué se trata?
El documento establece los lineamientos de integridad pública que deberá seguir la Función Ejecutiva
El presidente Daniel Noboa expidió este 22 de julio de 2024 la Política de Integridad Pública 2030 que diagnostica y establece los lineamientos a seguir en la lucha contra la corrupción en Ecuador.
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La planificación es acorde a la transformación de la Secretaría Anticorrupción a Secretaría de Integridad Pública, decretada el 20 de abril de 2024, y su declaración como política pública.
Según el decreto, el plan define ocho líneas estratégicas. Entre ellas, la responsabilidad compartida, la transparencia y la contratación pública responsable, entre otros más.
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También se otorga a la Política de Integridad Pública 2030 el carácter de obligatorio cumplimiento por parte de todas instituciones que conformas la Función Ejecutiva.
Sin embargo, también se exhorta a que el resto de funciones y entidades del Estado se unan a la iniciativa de tener a la integridad pública como política y forma de conducta.
Agradezco al presidente @DanielNoboaOk por la expedición del Decreto 337, que apoya la creación de una Política Nacional de Integridad Pública. Hoy, nuestro compromiso de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva es más firme que nunca. pic.twitter.com/74ZFpM9iwu
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) July 23, 2024
¿De que va la Política de Integridad Pública 2030 de Daniel Noboa?
El documento, de 108 páginas, reconoce que la "corrupción es un fenómeno mundial que obstaculiza el cumplimiento de metas y afecta gravemente el desarrollo social y económico de los países" y que la intención del plan es impulsar normas éticas para luchar contra la corrupción.
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Para ello, establece la importancia de la cultura de la legalidad "como pilar fundamental del servicio público" para garantizar el cumplimiento de los principios éticos y legales en todas las actividades del servicio público en Ecuador.
La Política de Integridad Pública 2030 establece cinco valores como transversales en el servicio público ecuatoriano: la integridad, la honestidad, la legalidad, la justicia y la eficiencia.
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Mientras que se establece a la legalidad, la imparcialidad, la probidad, igualdad, acceso a la información pública, el buen trato y amabilidad, el servicio público, la protección del patrimonio público, la rendición de cuentas, la prevención de conflictos de interés y la promoción ética como principios institucionales de las entidades públicas de Ecuador.
Un apartado incluso señala como compromisos de los servidores públicos el rechazar regalos o beneficios por parte de empelados o particulares; reportar si el obsequio no se puede devolver; y fomentar el uso de la plataforma de contratación pública.
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