Defensoría Pública: informe final crispa los ánimos dentro del pleno del CPCCS

En una conflictiva sesión de pleno, el Consejo de Participación (CPCCS) resolvió solicitar un criterio jurídico que analice el informe final del concurso se selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública enviado por la comisión ciudadana de selección.

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Los comisionados del concurso de defensor público aprobaron el 11 de junio de 2024 el informe final del proceso, en el que desconocieron algunas resoluciones adoptadas por el pleno del CPCCS, entre ellas la descalificación de Jorge Ballesteros, ahora virtual ganador del proceso.

Aunque el informe solicitaba al pleno del CPCCS que designe a la nueva autoridad en el término de 48 horas, los consejeros de Participación recién avocaron conocimiento del informe final este 19 de junio de 2024, ocho días después de que el informe final sea aprobado por la comisión ciudadana.

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Sin embargo, ante los supuestas irregularidades que tendría el informe final de la comisión, Mishelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS, mocionó que se solicite a la Coordinación de Asesoría Jurídica de la entidad que en máximo 48 horas analice el documento remitido al pleno.

Entre los argumentos que expuso Calvache está que la comisión ciudadana no podía desconocer las resoluciones del pleno y que la aprobación del informe final se realizó con cinco votos a favor y dos abstenciones, cuando la normativa sostiene que debía ser con la mitad más uno. Es decir, seis votos.

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"No hace falta ser abogado para darse cuenta la serie de irregularidades por parte de la comisión ciudadana de selección", indicó Calvache y sostuvo que los comisionados se arrogaron funciones al analizar las resoluciones del pleno del CPCCS.

EL CONCURSO DE DEFENSOR PÚBLICO, CONFLICTIVO EN EL PLENO DEL CPCCS

Tras conocerse la moción de Calvache, dos posturas se marcaron dentro del pleno del CPCCS: por un lado, los consejeros Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Yadira Saltos cuestionaron las dilaciones en   el concurso; mientras que Calvache, Johanna Verdezoto, Juan Esteban Guarderas y Andrés Fantoni indicaron la necesidad de tener más elementos de juicio sobre el proceso.

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"No estamos ante una situación ordinaria. Lo que ha hecho la comisión ciudadana es una barbaridad", dijo el consejero Guarderas, quien además indicó que los comisionados pudieron haber incurrido en un delito penal, como la usurpación de funciones.

Augusto Verduga, por su parte, sostuvo que la intención de fondo de dicho informe jurídico es tener elementos para "sacar a los comisionados", a pesar de que el proceso podría demorarse más al no haber ya banco de elegibles. Además, recordó que fue la mayoría del pleno del CPCCS que descalificó a postulantes sin el debido proceso.

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El consejero también sostuvo que el que sí está rayando en un delito penal es el coordinador jurídico "al pretender decir que alguien ha violentado derechos humanos sin tener mayor prueba", como fue el argumento de la descalificación de la postulante Maritza Romero.

Yadira Saltos, por su parte, recordó al pleno del CPCCS que el 18 de junio de 2024 llegó un disposición judicial de la jueza Jenny Freire Arias, de Quevedo, para que en 48  horas se proceda con cumplir lo establecido en el informe final del concurso, que es de carácter vinculante.

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