Elecciones 2025: una Constituyente ronda la agenda de los candidatos
Las crisis que encara Ecuador hace que vean para otro lado. No es una idea que la descartan, pues se requieren cambios
En tiempos de elecciones suele estar presente la idea de convocar a una asamblea constituyente. Pero para que eso sea posible se debe conseguir la aprobación de la ciudadanía en una consulta popular.
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El 15 de enero del 2007, cuando Rafael Correa se posesionó como presidente emitió un decreto, a través del que convocó al ecuatoriano a pronunciarse en torno a la instalación de una Constituyente, con “plenos poderes”. La propuesta, que fue parte de la campaña, se aprobó en abril y así, en Montecristi, se reformó la Constitución que había estado vigente desde 1998, 10 años.
EXPRESO preguntó a los candidatos presidenciales: ¿Usted está dispuesto a convocar a una asamblea constituyente para hacer reformas profundas? Sí, no y explique. Ocho de los 16 contestaron.
Sin embargo, solamente tres de los ocho que respondieron están convencidos de que hace falta convocar a una Asamblea Constituyente. Una cuarta candidata incluso señaló que ese no es el camino para cambiar la Carta Magna, ella llamaría a un Consejo de Expertos y dice que el antecedente ocurrió en 1976.
Los otros cinco políticos, que buscan llegar a Carondelet, coinciden en que les gustaría convocar a una Constituyente. Pero sostienen que no es el momento. Más que nada porque Ecuador tiene varias crisis por resolver, por lo que no sería su prioridad.
Luego de que su candidato a asambleísta por Guayas y su padre fueran víctimas de un ataque armado en Salinas, el aspirante presidencial del PSE, Pedro Granja, se refirió al hecho indicando que es un mensaje para él y su candidatura.
— Diario Expreso (@Expresoec) November 3, 2024
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Las posturas de los candidatos presidenciales
Jorge Escala, de Unidad Popular, como otros candidatos cree que se debe reformar el método de selección de las autoridades de control. Para él, lo mejor será que al Fiscal y al Contralor, por ejemplo, se los elija por voto universal.
Inclusive les parece que el país necesita estabilidad y se pueden hacer reformas puntuales, sin acudir a una Constituyente, con sus implicaciones.
El abogado Darwin Seraquive, quien fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición y participó en Montecristi, como parte de GTZ, no ve necesario convocar a una nueva Constituyente.
“Una convocatoria de ese tipo daría lugar al debilitamiento institucional. Se sometería a todas las instituciones a un proceso de inestabilidad”, opinó Seraquive. Recordó que hace poco, el 20 de octubre, se cumplieron 16 años desde que se promulgó la Constitución de Montecristi.
Henry Cucalón, de Construye, considera que esta es una pregunta que exige una respuesta mayor a un sí o un no, por sus implicaciones. Para él, también por la necesidad de generar empleo y reactivar la economía, así como de luchar contra el crimen organizado, será mejor enfocarse en reformas puntuales. Y no emprender una Constituyente.
¿Qué derechos y garantías quieren afectar?, se pregunta Darwin Seraquive, cuando escucha que alguien promete convocar a una Constituyente. Para él bastan hacer reformas constitucionales, generando consensos de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional.
¿Qué temas reformaría? Si se quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Corte Constitucional ya dijo que no se requiere una constituyente, recordó. También se podría hacer una asamblea bicameral o ajustar el trabajo del Consejo Nacional Electoral.
Otra es la posición de Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, para quien no existe otra salida a la crisis que vive el país, que no sea la Asamblea Constituyente. Aclara que no sería para modificar derechos humanos sino para romper ese candado constitucional.
“La crisis es muy profunda, la institucionalidad democrática está debilitada, el modelo de estado autoritario, centralista ahoga a la ciudadanía en lo social y político y económico e institucional”, sostiene.
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Por eso, Larrea, quien fue uno de los fundadores de Alianza País (correísmo), asegura que el estado burocrático requiere un cambio, un vuelco, para ponerse al servicio de la ciudadanía. Eso implica buscar cambios para “que no se restrinja y se multiplique el bienestar social, requerimos una autopista de desarrollo económico”.
En lo institucional, Gustavo Larrea considera que el Consejo de Participación Ciudadana se ha politizado, por lo que en muchas ocasiones se ha elegido a dedo a funcionarios de los organismos de control del Estado. “Hay que eliminar el Consejo de la Judicatura por ser una fuente de la corrupción; el país necesita una Corte Suprema de Justicia. Debemos fortalecer al Congreso Nacional, restringir el número a 60 integrantes, 45 provinciales y 15, nacionales. El senado debe convocar a los concursos para organismos de control y designar con los votos de las dos terceras partes”.
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En Montecristi, por ejemplo, se decidió pasar de diputados y Congreso a asambleístas, el número aumentó de 87 a 130. Además, se estableció que en el Legislativo las decisiones se tomarían por mayoría absoluta, antes se definía según el número de presentes. Además, se hizo que las organizaciones políticas, para inscribir a sus candidatos, deban reunir firmas de respaldo equivalentes al 1% de los inscritos en el padrón electoral de su circunscripción.
Los críticos suelen señalar que se trató de una Constitución demasiado garantista. Incorporó conceptos como Estado Plurinacional, derechos de la naturaleza y el sumak kawsay o buen vivir. Aunque, desde hace algunos años incluso su gestor, Correa ha adelantado que de ganar su candidata, convocarían a una Constituyente. Lo dijo en una conexión telemática con su militancia, en agosto pasado. Según él, la institucionalidad del país está destrozada y será la única forma de gobernar.
Uno de los puntos que deberán tomar en cuenta los gobernantes será el financiamiento de esta convocatoria. Únicamente las consultas populares han costado alrededor de 60 millones de dólares.
Análisis del editor general: "Primero, ¿hacia dónde vamos?"
Cuando se redacta con dedicatoria, la Constitución pierde su espíritu. La actual Carta Magna de Montecristi puede tener muchos avances en derechos, pero introdujo algunos nudos que benefician a unos pocos y ahora son difíciles de desenredar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de ellos. Se le vendió al ciudadano la falsa idea de que iba a ser un actor importante en la elección de autoridades. Ahora vemos que es el engaño más grande que nació de esa Asamblea Constituyente. Desenredar ese nudo será complicado, hasta entonces tocará siguir soportándola. Y así hay algunos.
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La convocatoria a una Constituyente es casi que una carta electoral fija en cada proceso. ¿Por qué? Porque Ecuador aún no encuentra su rumbo. Sigue sin saber hacia dónde va y así es inútil trazar un camino. Los candidatos presidenciales, primero, deberían definir cuál es el Ecuador que le proponen a los votantes, y sobre la base de esa propuesta que gane en las urnas deberán definirse los cambios necesarios, sea en una Asamblea Constituyente o no, que deberán obligatoriamente convertirse en políticas públicas. Sin este último cierre del círculo, seguiremos experimentando un nuevo Ecuador cada cuatro años. Seguiremos pensando en que es necesaria una Constituyente porque las reglas del juego no son del gusto del gobernante o de sus intereses.
Ecuador necesita estabilidad. Definir políticas de Estado en economía, en materia social, en salud, en educación, en seguridad social que funcionen independientemente de quién llegue al poder o de qué tendencia es. Un gran acuerdo nacional que le dé a Ecuador un rumbo para así dejar los experimentos de una Constituyente cada que alguien se aburre de la Constitución.
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