Eliminar el ‘feedback’ en la red X limita el debate y aleja al político

Libertad o restricción de expresión. Cercanía. Ausencia. Violencia. Defensa. Estas son algunas de las dinámicas que se han sostenido en la plataforma social X. Aunque este canal hace varios años se convirtió en la plaza pública digital y, a su vez, fue el medio que acercó a las autoridades con la gente, ¿ellos todavía son atendidos?

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A pesar de que hay mecanismos institucionales formales para que las personas ejerzan la participación ciudadana, como las rendiciones de cuentas, estas se han convertido en una reunión de amigos, es decir, en un simulacro de participación ciudadana, señala Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil. “Las autoridades simulan que son participativas y quienes participan simulan que lo hacen porque son aliadas o cercanas al político”.

También lo es el de ingresar oficios a las ventanillas de los gobiernos locales o de las entidades gubernamentales, añade el experto, pero es la forma como las autoridades prefieren interactuar. ¿Por qué? “Porque así tienen el control de qué, cómo y cuándo contestan; y las cosas se mantienen a puertas cerradas, sin cuestionamientos públicos”. Pero muchos no se resuelven.

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Con la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, los ecuatorianos incursionaron en esta red, entonces denominada Twitter. Actualmente es el espacio del gran debate, indica Alfredo Espinosa, analista político y experto en Estudios Latinoamericanos. Esto fue aprovechado por el exmandatario Rafael Correa, menciona, y fue uno de sus éxitos al acercar la administración gubernamental a los ciudadanos. “Un tuit del presidente hacía que se movilice la institución para dar solución al problema del ciudadano”.

Luego, el espacio se volvió violento y dañó esta plaza pública digital, considera Macías. “Se volvió un espacio que era utilizado estratégicamente por los políticos para llenarlo de críticas no legítimas”, lo que ha hecho, a su criterio, que los políticos se protejan de críticas negativas o de publicaciones de troles, afectando al público que sí usaba este canal para acercarse y exigir a su gobernante.

Entre las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que han optado por limitar a quienes pueden responder sus mensajes están los alcaldes Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez, de Quito y Guayaquil, respectivamente. Se suma la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López. También Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

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Para la politóloga Tatiana Quinga, el que las autoridades quieran evitar el escrutinio público perjudica la dinámica del proceso de gobierno abierto, ya que implica que gente esté en constante activación no solo en territorio, sino también en cómo esta es escuchada y qué respuesta recibe. No es una condición suficiente que se restrinjan a publicar sin ningún ‘feedback’, añade; “es bastante ilógico, más cuando venimos de una época donde hablar abiertamente traía muchísimos problemas”.

Aunque algunos asambleístas como Johanna Ortiz, Gabriela Molina, Marcela Holguín, Mariuxi Sánchez y Leonardo Berrezueta fijan que ciertas publicaciones puedan ser comentadas. También lo hace la asesora presidencial Diana Jácome.

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El deber de un gobernante es el de acercarse a los ciudadanos y no solo con los potenciales electores, y esto tiene que extrapolarse al espacio digital, manifiesta Espinosa. Sin embargo, agrega, el Gobierno ha preferido el silencio no solo al quitar el espacio para comentar, también al inobservar. Aunque asimismo expone los “descalabros” de las intervenciones de los funcionarios.

Lo que esto evidencia, subraya la politóloga, es un deficiente manejo comunicacional que tienen las actuales autoridades. También un mal asesoramiento. Asimismo, “cuando reprimen este canal no hay un ejercicio de democracia directa”, expresa.

Además, muestra un patrón político mental de quienes están en el ejercicio del poder porque no tienen capacidad de dialogar con los demás, expone Espinosa. “El ejercicio del buen gobierno tiene que ver con la retroalimentación que genera el ciudadano al comentar y observar”. A su juicio, al cerrar esa puerta se cierra el camino a la comunicación y al debate, estructurando la verdad unidireccional desde el poder.

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No obstante, el hecho que una autoridad cierre la posibilidad de que sus textos sean comentados no significa que el público no pueda escribirles, advierte Macías. El docente aconseja que la población se una y haga tendencia los problemas que le aquejan. “Al final, depende de la voluntad de los políticos; de qué tanto quieran escuchar o simplemente bloquear los temas que son críticos”.

Y aunque el presidente o cualquier autoridad no los vaya a leer, sostiene Quinga, este es un medio para la activación política de la gente.

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