“Si escucha a Moreno y Romo, es evidente el reparto de hospitales”

Siete asambleístas, según la Comisión Anticorrupción, núcleo Manabí, tendrían injerencia en el manejo de los hospitales del ministerio de Salud y del IESS. El doctor Jorge Chávez nombró en la Comisión de la Asamblea a Carlos Bergman, Zoila Benavides, Carlos Vera, Daniel Mendoza, Karla Cadena, Karina Arteaga y Luis Quijije.

- La Comisión Anticorrupción señala que la situación hospitalaria en Manabí es crítica. ¿Qué es lo que sucede?

- Manabí tiene por parte del Ministerio de Salud 12 hospitales. El 60 % de ellos tienen problemas en la construcción, en la reconstrucción o en la repotenciación, y esto viene desde después del terremoto. El Comité de Reconstrucción no invirtió, como era su deber, en estos hospitales, pese a haber tenido 3.500 millones de dólares.

- ¿Cuáles son esos hospitales?

- El hospital de Chone todavía no se termina, el de Bahía a duras penas ha empezado, el de Pedernales ya saben todos lo que ha sucedido, el de El Carmen lleva dos años repotenciándose y aún no se termina, el hospital de Manta lleva paralizado más de un año y el de contingencia no se terminó de construir y se finalizó el contrato. El de Especialidades de Portoviejo, cuyo costo inicial fue 89 millones de dólares, terminó costando 160 millones de dólares y funciona con el 30 % de su capacidad. El Verdi Cevallos lleva repotenciándose 10 años. Al inicio iban a construir cuatro torres y al final se quedaron con una que aún no termina y ya invirtieron más de 50 millones de dólares. Y todo esto tiene que ver con la corrupción.

- ¿En qué sentido?

- Porque el Comité de la Reconstrucción prefirió invertir en otras obras que no tuvieron nada que ver con el terremoto y nunca priorizó la salud.

- ¿Cuáles obras?

- Por ejemplo, la vía Manta-Colisa en la que se invirtieron más de 100 millones de dólares, también en el parque Las Vegas se invirtieron como 7 millones. Aquí hubo fondos mal utilizados y los responsables de esto son principalmente (Carlos) Bernal y el exvicepresidente (Jorge Glas). Mire que la Contraloría hizo una auditoría de solo el 3 o 4 % de estos fondos y estableció responsabilidades, inclusive penales. El resto está enterito por auditar.

- ¿Y por qué no lo auditan?

- No hay explicación para eso. En esa pequeña parte que auditaron también estaban supuestamente comprometidos el alcalde de Portoviejo (Agustín Casanova) y el exprefecto (Mariano Zambrano) porque ellos fueron parte de ese comité, pero finalmente ellos se deslindaron de responsabilidades y el contralor lo aceptó. Nosotros como Comisión Anticorrupción mandamos observaciones y ahí está en trámite eso.

- En la comisión de la Asamblea también habló de un reparto de hospitales en la provincia. ¿Cómo se ha gestado este reparto?

- Esta influencia que han tenido los asambleístas en los hospitales ya es conocida por toda la ciudadanía. Inclusive el presidente admitió en una entrevista a un medio internacional que sí es verdad que los asambleístas piden puestos, aunque dice que los hospitales nunca los repartió. La Comisión Anticorrupción, el Colegio de Médicos y algunas otras organizaciones sociales nos reunimos con la doctora (Catalina) Andramuño, en los primeros días que asumió el cargo como ministra, y le denunciamos la influencia que tenían los asambleístas de Manabí sobre la designación de las autoridades y ella dijo que eso era verdad, que en los pocos días que había estado de ministra había recibido presiones de los asambleístas. Entonces le dijo al coordinador de Salud que cambiara a todos los directores, pero eso nunca se cumplió. Y esto no es desde ahora, es desde siempre.

- ¿Desde siempre es cuánto tiempo?

- La participación política en la designación de las autoridades ha sido desde siempre que yo recuerde, pero desde el gobierno anterior esto se agravó. ¿Por qué? Porque los asambleístas coadministraban y designaban a los gerentes, directores, coordinadores y directores distritales. Ellos manejaban los contratos. Sin la autorización de los asambleístas no se podía hacer nada, inclusive los contratos de personal. Y eso lo sabemos todas las personas que trabajamos en salud. Lamentablemente nosotros no tenemos la evidencia documental porque, como dice el dicho, nadie roba con documentos.

- ¿Cómo influyen?

- Los asambleístas que influyen aquí en Manabí son siete. Y esos siete tienen incluso hijos en la administración, hermanos, familiares y familiares políticos. Además, ellos manejan con ciertas empresas las compras. También el pago a los prestadores externos. El Ministerio de Salud y el IESS más o menos redondean 200 millones al año para pago a los prestadores externos y ahí para el pago de esto las autoridades reciben el diezmo y esa es una de las ambiciones de los asambleístas. Esa es una de las minas de los asambleístas.

- ¿Y por qué no lo han denunciado antes? Han pasado cuatro años...

- Nosotros denunciamos el año pasado al presidente por medio de la Secretaría Anticorrupción y en la Asamblea, en la administración de Elizabeth Cabezas. Le dijimos que había injerencia política en el hospital Verdi Cevallos, en el de Especialidades y en la coordinación zonal, pero nunca recibimos respuesta.

- ¿Qué denunciaron?

- Les enviamos más de 500 fojas donde se demostraba la improvisación de estas autoridades que son manejadas por los asambleístas. Estas personas no tienen conocimiento de nada y por eso las unidades de salud tienen carencia de insumos. Solo quieren satisfacer sus intereses personales y los intereses de los asambleístas.

- ¿Y por qué no han ido con eso a la Fiscalía?

- Porque nosotros denunciamos la injerencia política, no tenemos pruebas documentadas como para denunciar a la Fiscalía. Pero sí hemos denunciado a la Contraloría las violaciones a las normas cuando amañaron los concursos y designaron a gerentes y coordinadores que no cumplían con los perfiles, pero nos dicen: “bueno, déjelo ahí. La Contraloría trabaja planificadamente, esto queda para el próximo año”.

- ¿Por qué sí se ha podido vincular a Daniel Mendoza y no a estos otros políticos que usted menciona?

- Porque le encontraron evidencias al asesor y por lo que encontraron en los chats. Él lo niega. Vi que renunció a la Asamblea porque se considera inocente, pero bueno, toda persona que ha cometido un delito siempre lo niega, nunca lo va a aceptar.

- Y según la información que ustedes tienen, ¿quién repartió los hospitales?

- Los responsables son las cabezas de Salud y del IESS, pero arriba de ellos tiene que haber alguna otra persona. El presidente y (Santiago) Cuesta dicen que ellos no repartieron nada porque no hay pruebas. Lo único que queda es que Daniel Mendoza se atreva a hablar y decir la verdad, es la única posibilidad.

- ¿Cree que si Mendoza coopera puede salpicar a personas del Gobierno?

- Desde luego. Y si habla probablemente el presidente y la ministra de Gobierno tengan que ver, aunque ya ella ha dicho que es normal que un asambleísta recomiende a alguien para un puesto. Ella lo trata de limar de esa manera, pero verdaderamente si usted revisa las entrevistas de Cuesta, de Moreno y de Romo es evidente que ahí se han repartido los hospitales.

- Hay otras denuncias que ustedes hacen sobre los contratos de construcción de los hospitales de Manta y Bahía en los que hay informes del Sercop, ¿por qué cree que esas investigaciones no avanzan?

- Ahí habría que preguntarle a la Contraloría. En Manta, el Comité Cívico viene denunciando también todas esas irregularidades, pero lamentablemente nuestra acción llega hasta las autoridades de control. No tenemos más poder que ese. Hace poco estuvo el vicepresidente por Manta y no les dio audiencia al Comité. Cuando hay autoridades y un Gobierno con estas características, sin liderazgo, con muchas deficiencias y que trata de tapar la corrupción, ¿qué más se puede hacer? Se hace bulla y se denuncia, pero todo queda ahí.