Al grito de ‘yo llegué primero’, el correísmo y ADN se disputan la fiscalización
Análisis | El correísmo trata de agitar avisperos que el gobierno prefiere mantener dormidos hasta después de las elecciones
La legisladora oficialista Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, y el correísta Fernando Cedeño, que dirige la de Justicia, libran la que parece ser la más ociosa de las batallas: no se ponen de acuerdo sobre a qué comisión le corresponde fiscalizar qué cosa, así que cada uno quiere fiscalizar lo que fiscaliza el otro, cosa que provoca un conflicto jurídico.
¿Cuál es el motivo de esta disputa? En una Asamblea donde todas las comisiones fiscalizan todo el tiempo y a nadie le importa, porque los resultados de esas investigaciones no sirven para nada (salvo cuando llegan a juicio político, o sea casi nunca) la respuesta puede ser una sola: la campaña electoral. Básicamente, el correísmo quiere agitar ciertos avisperos que el oficialismo preferiría mantener dormidos.
Primero fue el caso Petronoboa, la acusación de venta ilegal de combustible contra un hermano del presidente de la República: la Comisión de Justicia abrió una investigación al respecto e Inés Alarcón protestó en un comunicado, diciendo que ese proceso de fiscalización ya estaba en su mesa.
Este miércoles, a propósito de la compra de chalecos antibalas por parte del ministerio de Defensa, sobre la que pesa también una denuncia de irregularidades, ocurrió lo mismo. Lo mismo pero al revés: ahora fue Alarcón quien quiso tratarlo en Seguridad y Cedeño publicó un comunicado advirtiendo que Justicia ya estaba a cargo del asunto.
Petronoboa tiene visos de convertirse en uno de los escándalos de la campaña, sobre todo considerando que es el propio hermano del presidente quien resulta involucrado en el mismo delito del que el presidente está acusando a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
La denuncia contra Álvarez en la Comisión de Seguridad
A propósito de ese caso, el de Aquiles Álvarez, Inés Alarcón había abierto un proceso de fiscalización sobre la venta ilegal de combustibles en julio del año pasado y ahora quiere que las denuncias sobre Petronoboa sean absorbidas por esa investigación: yo-llegué-primero.
El caso chalecos es más enrevesado. Inés Alarcón convoca a su comisión para tratarlo y Cedeño avisa que él ya dirigió varios pedidos de información sobre el mismo tema a varias autoridades del Estado: yo-llegué-primero.
¿Cuándo hizo eso? El 27 de febrero. Nuevo comunicado público de Alarcón: un día antes, el 26, nosotros convocamos al ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo “con el objetivo de conocer detalles del caso”: yo-llegué-primero.
Hay que decir que los argumentos de la oficialista son más bien débiles. En lo concerniente a Petronoboa, porque su reclamo es completamente extemporáneo: la ley establece que los procesos de fiscalización no pueden durar más de un mes y desde que la Comisión de Seguridad inició el suyo han transcurrido ocho.
El caso de los chalecos antibalas
En cuanto al caso chalecos, es verdad que Gian Carlo Loffredo compareció en las comisiones, pero no fue “con el objetivo de conocer detalles del caso”, como miente ahora Inés Alarcón, sino para presentar el informe de labores que está obligado a rendir por ley ante esa comisión.
Si se trató el caso chalecos fue sólo tangencialmente. En resumen: lo que el oficialismo pretende es impedir que los correístas se alcen con temas incómodos que van a terminar perjudicando la candidatura de Daniel Noboa en el mes previo a la segunda vuelta.
Tanta es la urgencia del gobierno, que han llegado incluso a inventar razones para que la propia comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre se abstenga de tratar el más espinoso de los temas: la concesión del Campo Sacha.
Como en esta ocasión no pueden atribuirse la prelación por el orden de llegada, apuestan por sacar al tema del ámbito legislativo: que pongan una denuncia en Fiscalía si creen que hay algo irregular, dijo el oficialista Adrián Castro. Y consideró inoportuna la investigación del tema en la comisión porque el gobierno ya pidió un examen especial de la Contraloría. “Lo que pretenden los de la RC es salirse con la suya”, dice Castro. Porque, claro, los de ADN no.
Para la primera sesión sobre Petronoboa en la mesa de Justicia, Fernando Cedeño había llamado a varios funcionarios de gobierno para que rindan explicaciones: la ministra de Energía; el titular de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos; el director de Rentas Internas; el secretario de Integridad Pública… Ninguno asistió.
En sus excusas (con excepción de Manzano, que ni siquiera se excusó) dijeron que la Comisión de Seguridad ya estaba a cargo de ese proceso de fiscalización. Y así ocurrirá en todos los casos. Las comisiones controladas por el correísmo fiscalizarán entre correístas; las de gobierno, con el gobierno.
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