El juicio político en Ecuador, ¿fiscalización o acoso al poder de turno?

El recrudecimiento de la pugna entre el Ejecutivo, presidido por Daniel Noboa, y el Legislativo, encabezado por Henry Kronfle, se puede medir en el rosario de ministros que enfrentan o están siendo amenazados con ser objetos de un juicio político.

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La cascada de casos de control político dirigidos al gobierno de Daniel Noboa se desencadenó con la incursión de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, sobre quien pesan dos sentencias condenatorias por los casos Odebrecht y Sobornos.

Ese hecho, que conllevó la condena casi unánime de la región, motivó que, desde la Asamblea Nacional, el correísmo perfile los primeros juicios políticos a ministros de Estado del régimen de Daniel Noboa: la ministra de Interior, Mónica Palencia, y la canciller, Gabriela Sommerfeld.

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Aunque junto al proceso de control político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, son los únicos juicios políticos formalmente presentados y ya calificados por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), otros cinco ministros del gobierno de Noboa peligran con la misma suerte. Se trata de los ministros de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega; del Ambiente, Sade Fritschi; de Turismo, Niels Olsen; de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

Todos ellos señalados por distintas razones y a la vez unidos por una sola: el hostigamiento al poder de turno. De acuerdo con César Febres-Cordero, analista político, la figura del juicio político ha sido comúnmente utilizada como una herramienta para golpear a los gobiernos.

“Más que ver cómo un juicio político afecta a la imagen de un gobierno, hay que observar en cómo, cuando ya los pedidos son demasiados, esto puede distraer de la gestión”, acota Febres-Cordero y señala que varios factores inciden en que esa sea una práctica recurrente en la política ecuatoriana.

En principio, Febres-Cordero señala que “hay una tensión entre lo amplia que es la causal de incumplimiento de funciones y lo difícil que es lograr enjuiciar políticamente a un ministro de Estado”, producto de la Constitución de Montecristi que fortalece al Poder Ejecutivo sobre el resto de funciones del Estado.

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Según la Ley de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional podrá censurar y destituir a las máximas autoridades de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación (CPCCS) con apenas la mayoría absoluta del pleno. Es decir, 70 votos.

Sin embargo, el artículo 85 de dicho cuerpo normativo contempla una excepción dirigida a los ministros o ministras de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura. Para dichas autoridades, la censura y destitución requiere de la mayoría calificada. Es decir, 92 votos.

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Dicho contexto normativo, según acota Febres-Cordero, distorsiona la intención de los juicios políticos emprendidos desde el Legislativo y los convierte en una herramienta que, aunque no necesariamente termina por desestabilizarlo por la compleja tarea de conseguir los votos, sí distrae al gobierno de turno de sus prioridades. Esto sumado a que, acota, “no tenemos una Asamblea Nacional con políticos maduros”.

Lo mencionado por Febres-Cordero dice poder corroborarlo Ana Belén Cordero, exasambleísta oficialista del gobierno de Guillermo Lasso y exsecretaria Anticorrupción del mismo régimen. Según Cordero, durante la administración de Lasso, las solicitudes y señalamientos del Legislativo ya rayaban en hostigamiento.

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“Pedidos de información que se contaban por millares, centenas de comparecencias que interferían con las actividades ministeriales incluso durante momentos álgidos como el paro de 2022”, sostiene y recuerda que hubo casos de ministros que estaban convocados a más de cinco comisiones, en algunos casos a las mismas horas.

De hecho, por este tipo de problemas, que luego culminarían con el decreto de muerte cruzada, el entonces presidente Guillermo Lasso ordenó a sus ministros de Seguridad no asistir a los llamados de la Asamblea por el hostigamiento que recibían, según declaró en su momento el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

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Pese a los extremos que conoce se pueden llegar, y conociendo la necesidad de posibles reformas, el analista Febres-Cordero sostiene que tampoco se puede pensar en el extremo de desechar el mecanismo del juicio político como una vía de control político de la Asamblea Nacional al poder público.

Cordero, por su parte, sostiene que, además de la necesidad de tener políticos más conscientes, tal vez se requiera de reformas, una vez vistas las distorsiones: “El expresidente (Guillermo Lasso) enfrentó una constante intención de terminar con su mandato (...). Finalmente, el juicio político fue basado en un contrato suscrito por el gobierno de Moreno, examinado por Contraloría, que nunca recomendó terminarlo sino aplicar correctivos (...)”.

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