Juicio político: por informe anterior, Pazmiño pasa de acusadora a acusada
La proponente del juicio político a Lasso tiene dos discursos sobre Amazonas Tanker. Su apoyo a este contrato tendría consecuencias políticas
Su propio informe la deja en evidencia. Uno de los momentos con mayor tensión en el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido la confrontación de la asambleísta y proponente del proceso, Mireya Pazmiño, con sus posturas del pasado.
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El 21 de abril, en una sesión más de la fase de comparecencias del juicio político, Pazmiño fue interrogada por Édgar Neira, abogado del presidente, sobre un informe suscrito por la comisión que ella preside, la de Régimen Económico, donde se defendía lo que ahora critica e, incluso, se le imputa a Guillermo Lasso.
El documento, aunque explícitamente no recomienda la continuación de los contratos entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, según el legislador Fernando Villavicencio, sí es una aprobación velada de los integrantes de la comisión, y de Pazmiño, que podría tener consecuencias.
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“Podrían estar incurriendo en delitos por el fondo y la forma del tema. De fondo, por haber hecho conclusiones y recomendaciones que van más allá de los alcances de una comisión. De forma, por el hecho que dicho informe no fue hecho por funcionarios de la Asamblea”, dice.
Incurren delitos por el fondo y la forma. De fondo por hacer cosas que están más allá de la competencia de la comisión y, de forma, porque el informe no fue hecho por ellos.
En ese sentido, Ana Belén Cordero, también integrante de la mesa de Fiscalización, señala que Pazmiño y el resto de asambleístas de la Comisión de Régimen Económico habrían violado la Constitución.
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“El artículo 127, numeral 2, dice que los asambleístas no podrán ofrecer tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”, explicó.
Le recuerdo a la asambleísta Pazmiño que recomendar que se mantenga un contrato de una empresa pública, claramente implica captar recursos del Estado y eso es un delito.
Sin embargo, en declaraciones para EXPRESO, la legisladora Pazmiño señala que en ningún momento dicho documento recomienda que Flopec continúe o no con Amazonas Tanker. “Se pide que se envíe al presidente y se revise cada uno de los acuerdos comerciales que tiene Flopec”, destaca la asambleísta.
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Asimismo, ante la amenaza de Villavicencio, la legisladora hace hincapié en que no teme que se busque utilizar este argumento en su contra y que, según ella, lo que buscan es deslegitimar a Johnny Estupiñán, vicealmirante en servicio pasivo y gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) hasta inicios de marzo de 2022.
Señalar que podría haber tráfico de influencias u otro tipo de delitos es una línea muy fina. Se necesitarían más elementos de juicio como para llegar a esa conclusión.
En realidad, según explica Pablo Encalada, penalista, el comportamiento de la Comisión de Régimen Económico, y por ende de la legisladora Mireya Pazmiño, no tendría consecuencias penales, pero sí políticas. “No hay delito. En la Constitución hay prohibición de gestión de cargos públicos o contratos y, por ello, tendrían responsabilidad política”, sostiene Encalada.
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Además, José de la Gasca, penalista y exsecretario Anticorrupción, señala que las prohibiciones de los legisladores mencionadas por la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero no guardarían relación con los hechos expuestos. “Esa es una línea muy fina como para hablar de presunto tráfico de influencias, etc. Se necesitarían más elementos de juicio para llegar a esa conclusión”, explica.
Sin embargo, al igual que Encalada, De la Gasca sí considera que el comportamiento de la asambleísta Pazmiño sí podría activar un llamado de atención en el ámbito político. “Esto debe contradecir algún código de ética dentro de la Asamblea Nacional. Es una vergüenza nacional e internacional que el juicio político esté basado en cosas que la propia proponente ha pedido que se mantengan”, continúa el jurista.
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Pese a las consideraciones hechas por los juristas, el asambleísta Fernando Villavicencio señala que el accionar de Pazmiño y el resto de la mesa de Régimen Económico, por lo menos, deberían estar bajo el análisis de las autoridades de control. Del mismo modo, Cordero destaca que la intromisión de Pazmiño es evidente y que se habría atribuido una competencia que solo radicaba en la empresa pública Flopec.
