Trump confirma el uso de las Fuerzas Armadas para deportaciones de migrantes
Tump asegura que recurrirá a una emergencia nacional y a los recursos militares para ejecutar sus planes de deportación.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes sus intenciones de utilizar las Fuerzas Armadas y declarar una emergencia nacional como parte de sus planes para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes indocumentados.
La confirmación llegó a través de una publicación en su red social Truth Social, donde reaccionó afirmativamente a una declaración del activista conservador Tom Fitton, quien había asegurado que la nueva administración utilizaría estos recursos para abordar lo que Trump ha denominado “la crisis migratoria”.
El plan de Trump, que constituye una de sus promesas más controvertidas de campaña, se apoya en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente la autoridad para tomar medidas extraordinarias sin la necesidad de la aprobación del Congreso.
En la práctica, esta ley le permitiría implementar políticas relacionadas con la inmigración bajo la figura de una “amenaza a la seguridad nacional”, lo que justificaría el uso de los militares para tareas relacionadas con la deportación de indocumentados.
Durante su primer mandato, Trump ya recurrió a esta ley en 2019 para redirigir fondos destinados al Pentágono para la construcción de un muro fronterizo con México, una medida que desencadenó demandas judiciales y controversias.
Promete movilizar a reservistas
Ahora, con la promesa de movilizar reservistas de la Guardia Nacional y, en algunos casos, reubicar tropas desplegadas en el extranjero hacia la frontera sur de EE. UU., Trump busca aplicar medidas más drásticas, que incluyen la deportación de millones de migrantes indocumentados.
Este enfoque supone un cambio en el papel tradicional de las Fuerzas Armadas en EE. UU., ya que la legislación vigente prohíbe el uso del Ejército para tareas de vigilancia nacional, un punto que ha sido objeto de debate entre los opositores de la propuesta.
La medida ha generado preocupación entre grupos defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que la implementación de estas políticas afectaría a millones de familias, muchas de ellas con miembros ciudadanos estadounidenses.
Se estima que actualmente residen en EE. UU. unos 11 millones de migrantes indocumentados, y se calcula que las deportaciones masivas podrían impactar a cerca de 20 millones de personas.
Esta iniciativa podría tener consecuencias económicas significativas, ya que los migrantes en EE.UU. desempeñan un papel crucial en sectores clave como la agricultura y los servicios.
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