¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro?

La pretensión (ilegal) de declarar reservada la sesión de la Asamblea en la que se decidiría la suerte de la vicepresidenta de la República quedó reducida a lo que siempre fue: una completa payasada. 

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Al presidente Henry Kronfle y su secretario, Alejandro Muñoz, les correspondió el papel de maestros de ceremonias, productores, directores y guionistas de la farsa. Porque fue un guion bien ensayado lo que ambos personajes representaron ese día, con una comicidad involuntaria que hacía pensar en la clásica pareja de clowns de la ‘commedia dell’arte’: el blanco y el augusto. Es decir: el inteligente y el torpe, el mandón y el bien mandado, el gruñón y el plañidero, en fin, el Gordo y el Flaco. O también: Pinky y Cerebro. Esta historia es digna de contarse: revela el nivel (bajo rasante) al que ha caído la Asamblea y los límites que están dispuestos a cruzar sus integrantes en nombre de sus agendas.

Jueves, 13 de junio, víspera de la sesión. Un oficio de la jueza Daniella Camacho, solicitando al Pleno la autorización para enjuiciar a la vicepresidenta Verónica Abad, había llegado al despacho de Kronfle. Todo parecía indicar que la sesión en la que se trataría el tema sería reservada: tal era el consenso de las bancadas. 

Uno tras otro fueron desfilando los grupos parlamentarios ante los medios, tratando de justificar lo injustificable. Vagamente se aludía a un cuerpo de documentación supuestamente reservado que los obligaba a declarar la reserva de la sesión para conocerlo; o a una supuesta orden de la jueza disponiendo que lo hagan de esa forma; o a un expediente judicial (el del caso Nene) igualmente reservado… 

Ese día, EXPRESO contactó por vía telefónica a asambleístas de distintos bloques y ninguno entendía claramente las razones de la reserva. La mayoría pensaba que así lo había mandado la jueza, aunque el oficio respectivo no lo había visto nadie: Kronfle lo tenía guardado bajo siete llaves. 

Incluso hubo algún asambleísta que, confusamente, se refirió a un oscuro motivo de naturaleza sexual, porque usted sabe…, la vicepresidenta…, el proceso…, no sé, ya voy a averiguar bien y le cuento.

De los 137 legisladores no hubo uno, ni uno solo, es increíble, que se detuviera a pensar por un momento y dijera: oigan, la jueza no nos puede ordenar nada, ella no es nuestra jefa. O bien: oigan, no se puede declarar reservada la sesión, según la ley orgánica de la Asamblea eso se puede hacer solo “por motivos de seguridad nacional”. Menos, mucho menos hubo quien planteara la perspectiva política de la barbaridad que estaban dispuestos a cometer: oigan, el juicio penal a un mandatario es el tema de mayor interés público que concebir se pueda, ¿cómo lo vamos a discutir de forma reservada? Nadie. Desierto absoluto de ideas. Vacío total de sensatez y pensamiento. Nada de nada. Cri-cri-cri.

La verdad es que la reserva de la sesión era conveniente, o podía serlo, para todos. Porque las negociaciones estaban abiertas. Porque nada hay que desee más Daniel Noboa que la cabeza de su vicepresidenta en una bandeja. Porque nada hay más costoso en el mercado de los votos que la cabeza de un mandatario. Así que el provecho que podían sacar los grupos políticos era enorme. Que el precio de los correístas es la libertad de Jorge Glas es un tipo de cambio tan firmemente establecido en el mercado como el valor de la libra esterlina, cualquiera lo sabe. 

Que el precio de Construye era una sentencia favorable en el Tribunal Contencioso Electoral es un rumor que puso a circular Rafael Correa y resultó ser falso. En cuanto los socialcristianos, se creía que la reunión secreta que Jaime Nebot y Daniel Noboa mantuvieron la semana anterior en la casa de Michele Sensi-Contugi habría arreglado la cosa. Pero tampoco. Lo cierto es que una sesión reservada garantizaba la posibilidad de negociar hasta el último momento y evitaba la vergüenza de los legisladores que votaran contra la vicepresidenta, aunque los elementos de convicción en su contra fueran deleznables.

Nada ocurrió. Llegó el viernes 14 de junio, día de la sesión, y ningún precio fue cubierto. Fracasaron las negociaciones y no se hizo necesario declarar reservada la sesión, como querían todos hasta la víspera. Quedaba solo un cabo suelto: había que justificar de alguna manera todo el cuento que montaron. Aquí es donde entran en acción el clown blanco y el augusto: -¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? -Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky: tratar de conquistar el mundo.

Instalaron la sesión el presidente Kronfle y el secretario Muñoz con el guion por delante. Lo primero, hacer ostensible su interés por confirmar que la sesión fuera pública. “Con su autorización señor presidente me permito informar que la presente sesión es pública y se está transmitiendo”.

Hecha esta comprobación, empezó a disponer el presidente al secretario para que leyera una lista interminable de artículos de ley que no tardaba este en ubicar porque los tenía preparados: la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Transparencia… Afectado, ceremonioso, pródigo en fórmulas y muletillas que él parece considerar más importantes que el fondo de lo que dice, o acaso repite porque cree que le confieren distinción o le vuelven un tipo interesante (se equivoca), iba despachando el secretario cuanto artículo sobre información reservada hubieran él y su jefe encontrado en la legislación ecuatoriana, viniera a cuento o no. De hecho, ninguno venía. “Con su autorización señor presidente y de acuerdo a su solicitud, me permito informar que, de conformidad a…”.

Todo para apuntalar lo que probablemente sea el más insólito (por no decir, directamente, estúpido) de los postulados de la historia de la legislación ecuatoriana, desde 1830 hasta la fecha: “Señores, dijo el presidente Kronfle, palabras más, palabras menos: hemos recibido un oficio de la jueza Daniella Camacho, pero como ese oficio es reservado, no lo podemos leer”. 

Hay que tomar aliento para asumir la dimensión de la payasada: la jueza solicita la autorización de la Asamblea para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta y envía un oficio con el detalle de su solicitud y los fundamentos sobre los que está planteada. Los fundamentos son importantes porque son un requisito impuesto por la Constitución: sin fundamentos no hay autorización posible. Pero resulta que todo eso (la petición y sus fundamentos) es incognoscible porque consta en un oficio reservado.

¿Quién dice que es reservado? Kronfle. ¿Y ahora? Pinky y Cerebro al rescate: “con su autorización señor presidente y de acuerdo a su solicitud me permito informar que” se puede encontrar “la petición concreta” de la jueza rastreándola en otros documentos no reservados del expediente, por ejemplo la razón sentada por la secretaria relatora en el documento número tal, fojas tal, juicio tal guion tal fecha tal. Así podemos saber que lo que la jueza está pidiendo en ese oficio reservado es la autorización del Pleno para enjuiciar a la vicepresidenta. ¿Y los fundamentos? Esos son secretos.

Esta abrumadora estupidez fue la piedra angular sobre la que se edificó todo la sesión del viernes 14 de junio. De modo que la decisión que tomaron ese día los asambleístas sobre el juicio penal de Verónica Abad está basada en su ignorancia de los fundamentos de ese juicio. 

Y otra vez: no hubo un solo asambleísta, ni uno, que no se rebelara ante semejante barbaridad, que no exigiera que se abriera de una puñetera vez el tal oficio y se lo leyera completo, que el asunto que trata es del interés público más elemental, pero a la vez más alto. Ni un asambleísta con una noción de lo público metida en la cabeza. Ni uno.

Como colofón, el bochorno. Minutos después de terminada la sesión, un comunicado de la Corte Nacional de Justicia aclara que lo único reservado de este caso son las diligencias de la indagación previa. Y que todo lo demás, incluidos el expediente, los documentos, el pedido y sus fundamentos y, por supuesto, el oficio de la jueza, son de libre acceso público. Para entonces ya estaba demostrado que el país tiene 137 asambleístas que diera lo mismo si fueran 137 piedras. 

137 piedras dispuestas a escamotear a los ciudadanos el más público de los debates con tal de garantizarse un espacio de privacidad donde vender el alma. Si la tuvieran.

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